La fiscala busca pruebas y Cano denuncia maniobras

La fiscala federal porteña Alejandra Mángano avanza con la recolección de pruebas documentales en la causa que investiga si hubo un posible pedido de coimas por parte de supuestos funcionarios del Plan Belgrano (a cargo de José Cano, de la UCR-Cambiemos) hacia empresarios de Corea del Sur.

Mientras la representante del Ministerio Público aguarda los resultados de esas medidas -entre las que figuran pedidos de informes a distintas reparticiones-, el radical tucumano aseguró que “la campaña mediática y política” en su contra “no cesa”. “No hay ningún elemento que me vincule con este hecho. Confío en que se conozca quién está detrás de esta maniobra”, aseveró Cano.

En diálogo con LA GACETA, el abogado del imputado, Ricardo Gil Lavedra, advirtió que “se está entregando documentación” a la Justicia Federal para refutar las acusaciones. Y, según el letrado, “no hay dudas” de que la denuncia está vinculada a la interna política en la UCR de Tucumán.

La causa comenzó a raíz de una información anónima recibida por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien a la vez elevó una denuncia formal al respecto. Allí se menciona que una comitiva integrada por los canistas Alberto Darnay y Osvaldo Barreñada y por el empresario Octavio Accardi habría viajado a Corea del Sur para firmar convenios con compañías del país asiático para que vendieran sus productos al PAMI. En ese marco, según esta versión, los tucumanos habrían solicitado, a nombre del Plan Belgrano, una coima a los empresarios coreanos.

El caso quedó en manos del juez federal Sergio Torres, quien delegó la pesquisa a Mángano. “La fiscal federal sigue el lineamiento de la denuncia; en consecuencia, requirió que se abra la instrucción para la esclarecer los hechos y solicitó (la producción de) una cantidad de pruebas”, indicó Gil Lavedra, vía telefónica desde Buenos Aires.

El abogado de Cano aseguró que se busca vincular a su cliente “con episodios que no existieron”. “Se está dando esta tendencia de buscar, a través de denuncias falsas, la vinculación de funcionarios (con hechos de corrupción). La particularidad de este caso es que también han falsificado documentación”, afirmó el letrado. Y desvinculó al referente de Cambiemos en Tucumán del caso. “Se atribuye que el Plan Belgrano habría firmado un determinado acuerdo con empresas coreanas luego de un viaje de un conjunto de personas. Ocurre que estos individuos no son funcionarios (del área a cargo de Cano) y no hay ningún contrato firmado con ninguna empresa”, expresó Gil Lavedra. Y añadió: “incluso se han presentado copias de presuntas cartas de intención, pero de acuerdo a investigaciones realizadas, las firmas son falsas”.

Entre la documentación con la que Cano podría respaldar su versión figura una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores en la que consta la respuesta a un pedido de informes de la Justicia Federal. “Esta Cancillería (...) no registra recepción de presentación alguna efectuada por autoridades diplomáticas de la República de Corea”, señala el texto. Con esto, el titular del Plan Belgrano buscaría desmentir la supuesta queja de empresarios asiáticos ante la cartera que conduce Susana Malcorra.

“Se trata de una denuncia anónima y de una operación de prensa que comenzó a alimentar esa versión a partir de un diario de Tucumán, Cuarto Poder, el cual, según tengo entendido, ha recibido una pauta publicitaria desproporcionada de parte de la Legislatura”, afirmó Gil Lavedra. En rigor, el pago de $ 200.000 por un mes de propaganda que había dispuesto el cuerpo colegiado finalmente fue dado de baja por el secretario, Claudio Pérez, tras las objeciones administrativas efectuadas por el Tribunal de Cuentas. Más allá de esto, Gil Lavedra anticipó que van a iniciar “una causa penal contra quienes armaron esto”.

“Lo que pasará luego...”

Según consignó ayer el sitio Infobae.com, la fiscala federal Mángano imputó a Cano, Darnay, Barreñada, Accardi y a dos ciudadanos coreanos que viven en la Argentina, Dae Kyu Yang y Young Sik Oh.

Mientras desde el entorno del titular del Plan Belgrano minimizaron esta situación, puesto que consideraron que la imputación formal se produce cuando existe un llamado a indagatoria, el vicepresidente 2° de la Legislatura, el también radical Ariel García, consideró que “Cano debería pedir una licencia en el cargo”.

En una nota reciente con LA GACETA, y en consonancia con lo deslizado por Gil Lavedra, Darnay había señalado al legislador radical como responsable de la presunta operación contra Cano. García, quien recientemente perdió en la interna radical con el candidato canista, Julio Herrera, desestimó la versión de Darnay. “Claro que tengo mis diferencias (con Cano), y una de mis grandes diferencias es esta, precisamente. Pero que tenga diferencias políticas no tiene nada que ver con esto; acá estamos hablando de corrupción”, agregó el líder de la agrupación radical “Boina Blanca”. Y anticipó: “ya fue imputado por la fiscala; lo que pasará luego es el procesamiento”.