Se va uno de los jueces que anuló las elecciones en 2015

El gobernador Juan Manzur levantó el cepo que impedía a Salvador Norberto Ruiz, histórico miembro de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, pasar al sector pasivo. Luego de postergar una definición durante meses, el titular del Poder Ejecutivo aceptó la dimisión de Ruiz y la de otros cuatro magistrados (se informa por separado). Este acto puso fin a una carrera judicial de décadas que tocó su punto máximo de exposición en 2015, cuando Ruiz y la camarista Ebe López Piossek declararon la nulidad de los comicios convulsionados de ese año, una sentencia revocada pocos días después por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

La decisión de Manzur generó alivio en el Poder Judicial, donde seguían con preocupación la reticencia no ya a dejar ir a los jueces que habían incomodado al poder político sino a los jueces en general. El antecedente no es nuevo: en 2013, el entonces gobernador José Alperovich negó la salida a Emilio Herrera Molina y a Alberto Piedrabuena, dos de los tres camaristas penales que en 2012 habían absuelto a los acusados de delinquir contra María de los Ángeles “Marita” Verón. Como consecuencia de aquellos rechazos, la Corte local se vio obligada a ordenar a Alperovich a admitir las dimisiones de Herrera Molina y Piedrabuena. Tales fallos impidieron que avanzara el proceso de destitución incoado por Susana Trimarco, mamá de “Marita”.

Pese a estos precedentes favorables a Ruiz, el Gobierno pisó el freno como dando a entender que, después de todo lo sucedido, no liberaría al juez tan fácilmente. Frente al silencio de la administración, en los últimos tiempos se intensificaron las negociaciones en las que intervinieron Roberto Toledo y Arnaldo Ahumada, abogados del camarista, y directivos de la Asociación de Magistrados de Tucumán. En julio, Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, reconoció que la renuncia de Ruiz no estaba en la agenda. “Creo que quedó para después de la feria con la idea de que se tranquilicen un poco las cosas. Veremos qué pasa a partir de agosto”, opinó. Cuando se le preguntó a qué se refería con “tranquilizar”, Amado explicó: “se trata de una persona que estuvo en casos del Gobierno y de la Legislatura. Después hubo una especie de interna en el mismo Poder Judicial y también tuvo un inconveniente con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por la Línea 11 (...). Esa es la complejidad que vemos, no que haya problemas con nosotros”.

Como el tiempo seguía corriendo sin novedades, Ruiz mandó un ultimátum al Poder Ejecutivo: se abría un frente de conflicto con final cantado en plena campaña electoral. “Por suerte prevaleció la cordura. Costó levantar la presión, pero el Gobierno reaccionó como correspondía”, evaluó un testigo de la historia. Como contrapartida, Manzur probablemente disponga de la posibilidad de nombrar un juez en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tribunal que dio reiterados dolores de cabeza al Gobierno.

“Me siento liberado: fueron tiempos muy difíciles”, dijo Ruiz ayer por teléfono. El juez de 71 años y bajo perfil con la prensa comentó que estaba con licencia por estrés laboral y que esperaba la notificación oficial del Poder Ejecutivo para empezar a percibir sus haberes jubilatorios. El magistrado anunció que se iba en febrero, poco antes de que fuera denunciado junto a otros pares por su actuación en la disputa de la Línea 11 (se informa por separado).

Ruiz accedió a la judicatura en virtud de una designación del ex gobernador Ramón Ortega e integra la Cámara desde que, en los años 90, esta fue dividida en tres salas. Allí trabajó junto al juez Horacio Castellanos. Durante buena parte de su trayectoria, fue considerado un hombre de la máxima cercanía y confianza de René Goane, vocal decano de la Corte. Aunque esa afinidad sufrió oxidaciones, el camarista llegó a quedar a cargo del Poder Judicial un verano en el que los cinco miembros del alto tribunal se ausentaron en simultáneo (se informa por separado). Sus críticos le objetaban la práctica del nepotismo que le permitió ubicar a hijos y parientes políticos en Tribunales y otras reparticiones. Fue el propio Alperovich quien le enrostró ese vicio cuando, a posteriori de la sentencia que dio por acreditado el fraude electoral, dijo a la prensa que un hijo del camarista, Martín Ruiz, había prestado servicios transitorios en la Junta Electoral y que, por ello, aquel debió excusarse en el pleito del Acuerdo del Bicentenario.