06 Octubre 2017
BARCELONA.- El conflicto político e institucional entre el Gobierno español y Cataluña lleva un mesa de idas y vueltas que han ido agravando y generando más tensión.
El 6 de septiembre el “Parlament” de Cataluña aprobó la Ley del referéndum, que regula la consulta. Al día siguiente el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la convocatoria del referéndum y la ley que lo regula. El 8 de septiembre la Guardia Civil española registra una imprenta en Cataluña que supuestamente prepara material para el referendo.
El 11 de ese mes cientos de miles de personas marchan en Barcelona por la Diada en defensa del referéndum. El 13 la fiscalía citó a más de 700 alcaldes de Cataluña que expresaron su apoyo al referendo. El 15 el Gobierno de Rajoy intervino los pagos de la “Generalitat” con el fin de evitar que use fondos públicos para financiar el referendo.
El 21 la fiscalía ordena que todas las fuerzas de seguridad, incluidos los Mossos d’Esquadra, sean coordinados por el Ministerio del Interior español para garantizar las actuaciones contra el referéndum.
La consulta se celebra el 1 de octubre en una jornada turbulenta, con enfrentamientos entre los votantes y los policías que tienen orden judicial de cerrar colegios electorales. Los choques dejan varios heridos y el “sí” a la ruptura con España gana por un 90%, según el recuento de la “Generalitat”, en parte porque muchos partidarios del “no” rechazaron ir a votar o hacer campaña.
El 3 el rey Felipe VI alerta sobre la “extrema gravedad” por el desafío independentista y pidió al Estado asegurar “el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”. La jornada siguiente, el parlamento catalán convoca para el 9 de octubre un pleno para analizar los próximos pasos en el proceso soberanista, incluyendo una posible declaración de independencia unilateral. El Parlamento Europeo insta al diálogo al analizar la situación, pero los intentos por mediar entre ambas partes fracasan.
Ayer, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar el pleno del lunes, abriendo un interrogante sobre la posible ruptura. El plan soberanista sufre otro revés con impacto simbólico: el banco Sabadell, cuarto de España por activos, trasladará su sede social fuera de Cataluña para proteger los intereses de sus clientes. (DPA)
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