El Concejo de Yerba Buena rechazó el presupuesto de Campero

Los concejales de Yerba Buena protagonizaron ayer otra sesión caracterizada por los cortocircuitos entre ellos. Apenas hubo acabado el izamiento de la bandera, se produjo el primer episodio de tensión: Rodolfo Aranda ingresó al recinto, se paró en el sector destinado a los oyentes, y pidió que se le concediera la palabra.

Como el presidente del Concejo Deliberante, el radical Benjamín Zelaya, no lo miraba, empezó a hacerle señas con la mano, como si lo estuviese saludando y a fin de captar su atención. Para ese entonces, la secretaria del cuerpo, Blanca Alvillos, había iniciado la lectura del decreto de convocatoria. Ante eso, Aranda se volteó hacia el público, superpuso su voz y dijo que, para él, ese cónclave carecía de legitimidad.

La escena subió su temperatura cuando Zelaya les solicitó a los policías apostados en los perímetros del recinto que intervinieran. No obstante, Aranda terminó con sus dichos y se marchó.

Más momentos de crispación se vivieron cuando los concejales José Macome y Marcelo Rojas -Cambiemos Yerba Buena- se quejaron de que sus pares, opositores al intendente Mariano Campero, no los dejaban expresarse o recurrían a chicanas en su contra. Ante eso, en varias ocasiones, Zelaya le ofreció a Macome que pase al frente y hable él, únicamente.

En septiembre último, los jueces Rodolfo Novillo y Horacio Castellanos (Carlos Giovanniello votó en disidencia) emitieron su sentencia definitiva con respecto al recurso de amparo que Aranda había interpuesto ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En ese planteo, el dirigente había acusado al Concejo de negarse a incorporarlo, pues él aspira a ocupar el escaño que liberó, en septiembre del año pasado, el actual secretario de Gobierno del municipio, Lisandro Argiró. Ante eso, Zelaya presentó un recurso de inconstitucionalidad, con efecto suspensivo. Según su escrito, las autoridades municipales son jueces naturales de la elección de sus miembros.

Rechazo

Entre las principales cuestiones que trataron los ediles (igualmente con discusiones y rispideces) se destaca el rechazo de la mayoría opositora al Presupuesto 2017, que había sido enviado por la Municipalidad en mayo pasado. No obstante, le solicitaron a Campero, por nota, que aclare varios puntos de ese expediente, a fin de incluir el tema en una sesión posterior.

Con respecto a la Ordenanza Fiscal Anual -también enviada por la intendencia-, le dieron su aval. Sin embargo, hicieron una salvedad, mediante el mecanismo del dictamen: no incluyeron en el texto sancionado el Tributo de Emergencia Municipal (TEM). Hace unas semanas, ese sector había realizado una presentación en los Tribunales penales, pues sostienen que el cobro es ilegal. Campero, en cambio, le aportó documentación a la Justicia que -según él- probaría que la ordenanza se encuentra vigente.

De entre las iniciativas impulsadas por los ediles, hubo cruces por la aprobación de la ordenanza número 2.039, que hace referencia a los convenios que suscriben los gobiernos local y provincial, para el otorgamiento de asistencias financieras.

El artículo segundo -que es el que modificaron los opositores- quedó redactado de la siguiente manera: “los convenios que se firmen para los años posteriores deberán ser puestos a consideración y autorizados, previa a su suscripción, por el Concejo, debiéndose prever que los fondos que correspondan para la cancelación de la planilla salarial y la proporción que corresponda de los gastos operativos del Concejo Deliberante sean depositados directamente en la cuenta corriente del mismo”.

De un lado, los concejales oficialistas acusaron a los opositores de pretender eludir lo controles y de “manejar la caja” de ese cuerpo. Del otro, dijeron que debe procurarse la independencia de los poderes y que Campero lo único que ha demostrado, hasta ahora, es “desdén” hacia ellos. Con todo, la modificación fue aprobada con los votos de la mayoría.

Voces opositoras 

Pedro Albornoz Piossek, macrista
- “Acá hay personajes que viven de la anti-política. Cobran un sueldo como concejales, pero atacan al sistema. Vienen al Concejo sólo a hacer un show para las cámaras”. 
- “Sorpresivamente, Mariano Campero vetó una parte del proyecto de ordenanza de mi autoría, que proponía que todos los edificios públicos y privados de uso público tengan baños accesibles. ¿No será que él cuida a los amigos del poder?”.

Walter Aráoz, peronista
- “A usted, Macome (José) le faltan muchos años de política. Para ser concejal, le digo, no hay que ser abogado o contador. Sépalo: hay que ser político”.  
- “Los concejales están para controlar; es nuestro deber pedir informes. No queremos desfinanciar a nadie. ¡Qué quieren estos tipos!”. 
- “Los peronistas tenemos una configuración mental en beneficio de la gente humilde. Pensamos que los impuestos tienen que ser solidarios. ¡Por Dios, cobremos justamente!”.
- “Con respecto al tema de las contrataciones y compras directas, a los peronistas nos criticaron durante 12 años. Ahora, lo único que estamos haciendo, es facilitarle al señor Campero que cumpla con su tan pregonada transparencia. Modificamos una ordenanza para ayudarlo a ser más transparente. ¿O acaso estamos interrumpiendo su presunto robo crónico?”.

Maximiliano García, radical
- “Entendemos que somos el órgano facultado a generar nuevos impuestos. Por eso, esta Ordenanza Fiscal Anual ha sido aprobada sin el Tributo de Emergencia Municipal; hoy, ese impuesto no se encuentra reglamentado”.
- “A quienes venimos de la Unión Cívica Radical, nos dan vergüenza los hechos de corrupción que se suceden en este municipio”.

Tope a la Intendencia 
Las compras directas de la Municipalidad
El primer punto que debatió el Concejo Deliberante yerbabuenense fue un rechazo al veto total que había interpuesto la Municipalidad al proyecto de ordenanza número 2.107, sobre el régimen de contrataciones. La mayoría opositora del cuerpo, compuesta por tres radicales (Maximiliano García, Benjamín Zelaya y Lucas Cerúsico); por dos peronistas (Héctor Aguirre y Walter Aráoz) y por un macrista (Pedro Albornoz Piossek) insistió para que el monto máximo de las compras directas quede establecido en $ 15.000, en vez de los alrededor de $ 20.000 actuales. Así las cosas, una vez superada esa cifra, el intendente Mariano Campero debería proceder a otro mecanismo, como el llamado a licitación. Tras la votación, Zelaya dijo que la iniciativa había sido aprobada. Sin embargo, Jantus lo corrigió, pues -expresó- para rechazar un veto se requieren los votos de los dos tercios del cuerpo. “Este Concejo tiene 10 bancas. Serían necesarios, por ende, siete votos”, razonó.

Voces oficialistas 

Javier Jantus
- “Coincido con el edil Walter Araóz: los representantes del Ejecutivo deberían estar, con más frecuencia, aquí presentes. Pero lo que ocurre es que, cuando se los cita, más que para escucharlos es para acusarlos”. 
- “Es insólito que reduzcan el monto de las compras directas a $ 15.000. Sólo pretenden entorpecer la gestión”.
- “El intendente Mariano Campero ha efectuado decenas de llamados a licitaciones, como no se hacía en los últimos 12 años”.

José Macome
- “¿Ustedes piden transparencia a la Municipalidad? ¿Ustedes? Acá tengo una nota firmada por vecinos, que quieren que les informen cuántas personas trabajan en este Concejo y quiénes son. Nunca les han contestado. ¡El pueblo vino a pedirles transparencia! Nos ocupemos de la gente y de sus problemas. Acá se están tratando proyectos para desfinanciar al Ejecutivo municipal y para quedarse con la caja del Concejo. ¿Por qué no tratamos, en cambio, las cosas que les interesan a los vecinos?”.

Marcelo Rojas
- “Quiero preguntarle al presidente del Concejo, señor Zelaya, si tenemos una sucursal en algún otro edificio. Hay gente que dice que trabaja aquí, que tomaron ustedes, y que no sé quiénes son. Cuando pregunto por esa gente, me contestan que esa información es secreta. Primero, ordenemos nuestra casa”.