Una fiscala es intimada a exigir la devolución de $ 758.000

Puede que la tercera resolución judicial sea la vencida. El viernes, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción exigió a la fiscala Mariana Rivadeneira (N°1) que dé estricto cumplimiento a la orden de devolver $ 758.000 mal secuestrados por el ex fiscal Guillermo Herrera. El tribunal intimó a Rivadeneira a ejecutar una sentencia firme de hace un año “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”. Ese fallo anuló el secuestro de dinero practicado sin orden judicial en 2014: dos horas después y sin que hubiese una solicitud al respecto, Herrera entregó la suma al querellante Pablo Exequiel Pérez. Este año, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán rechazó el recurso que Pérez había articulado para evitar la devolución de los $ 758.000.

La Cámara de Apelaciones que integran los vocales Eudoro Albo, Enrique Pedicone y Liliana Vitar se expidió por pedido de Emilio Mrad, abogado de Ángel Victoriano Pérez, la parte que reclama la restitución de los fondos. Mrad planteó que, en vez de requerir de inmediato la entrega de los billetes a Pablo Exequiel Pérez, Rivadeneira había remitido el expediente a una oficina creada por su jefe, el ministro público Edmundo Jiménez. “Jiménez es amigo íntimo de Herrera, cuyo proceder en este secuestro está siendo investigado en otra causa penal (a cargo del fiscal Diego López Ávila, quien quedó habilitado para citar al ex fiscal a declarar como imputado). Es vergonzoso lo que ocurre. Hace un año que estoy pidiendo sin suerte que se ponga el dinero (dado a Pablo Exequiel Pérez) en un plazo fijo”, comentó el abogado a este diario. Mrad dijo que había un daño patrimonial por el que iba a tener que responder la Justicia y la propia fiscala.

En una conversación telefónica, Rivadeneira explicó que ella había dictaminado a favor de Mrad al recibir la causa de parte de Jiménez y que también intentaba obtener la suma en cuestión (en 2015, el jefe de los fiscales redistribuyó una serie de casos de Herrera objetados por el Colegio de Abogados de Tucumán, entre ellos, “Pérez”, “Teves” y “Rigourd”). “El querellante (Pablo Exequiel Pérez) formuló un sinnúmero de planteos para evitar la entrega del dinero e inclusive fue a la Corte, que rechazó una queja. Entre idas y venidas, los planteos dilatorios impidieron la devolución (ordenada por la Justicia). Últimamente pidió la nulidad de la notificación donde se lo intimaba a depositar el dinero en el banco: yo contesté que era otra excusa procesal más que debía rechazarse sin trámite y la mandé al juzgado para que lo resuelva”, había manifestado Rivadeneira.