El Poder Ejecutivo nombra a otros tres magistrados

El gobernador Juan Manzur cubrió otras tres vacantes en el Poder Judicial de Tucumán y ya lleva seis designaciones en las últimas dos semanas. En esta oportunidad, el titular del Poder Ejecutivo (PE) nombró a Luis José María Amarillo como fiscal de Instrucción en lo Penal de la capital; a Luis Fernando Morales Lezica como vocal de la Sala II de la Cámara Penal también de la capital y a Cristian Andrés Velázquez como juez de Instrucción en lo Penal de Concepción (tanto este cargo como el de Amarillo carecen de nominación, pero las designaciones corresponderían respectivamente a la Fiscalía N°11 y al Juzgado N°3). El Gobierno todavía acumula siete ternas pendientes de definición remitidas por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

Los tres concursantes elegidos provienen del Poder Judicial, donde trabajan como funcionarios. Amarillo se desempeña en la Fiscalía N°8 a cargo de Adriana Giannoni; Morales Lezica, en la Fiscalía N°2 de la Cámara Penal en manos de Marta Jerez de Rivadeneira y Velázquez, en el Juzgado de Instrucción N°1 que encabeza Raúl Fermoselle, consejero saliente del CAM.

Al elegir a Amarillo, el gobernador volvió a descartar a Facundo Maggio, que encabezaba la terna y ya había sido vetado con anterioridad, y a Pedro León Gallo. Los tres integran un terceto para otra fiscalía. A ello se suma que tanto Amarillo como Eugenia Posse (nombrada fiscala de Monteros en octubre) y Gallo están ternados para una tercera oficina en el Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. Fuentes oficiales anticiparon que la imposibilidad de elegir entre tres candidatos podría bloquear las coberturas de los cargos mencionados.

La elección de Morales Lezica dejó afuera a Juan Carlos Nacul, quien tiene acuerdo del Senado para asumir como juez federal en San Luis pero no había renunciado a las ternas provinciales, y a Carlos Saltor, a quien Manzur nombró fiscal N°6 de la Cámara Penal. Al optar por Velázquez, el Gobierno descartó al abogado Roberto Eduardo Flores (encabezaba la terna y fue excluido en distintas oportunidades) y a la funcionaria Patricia Carugatti.

“Vamos a seguir cubriendo vacantes de la Justicia ordinaria”, prometió ayer Regino Amado, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia. La demora en el ejercicio de esta potestad constitucional dio lugar a que, el mes pasado, el Colegio de Abogados de la Capital inicie un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán con el fin de que esta imponga un plazo razonable al PE. Amado pidió tiempo respecto del 24% de vacancias en la Justicia de Paz: “como estas designaciones se hacen con acuerdo de la Corte (a partir de la propuesta discrecional del Gobierno) y como hubo elecciones recientemente, queremos que las nuevas autoridades se acomoden. Vamos a esperar un tiempo prudente para hablar con los vocales sobre las coberturas, pero también sobre la necesidad de revisar qué juzgados de Paz hay que abrir y cuáles cerrar”.