El Colegio de Abogados avala la veeduría, pero no a los veedores

Después de un estudio estricto de los precedentes, el Colegio de Abogados de la Capital resolvió ser coherente con su pasado y apoyar la pretensión de la Nación de observar un conjunto de causas radicadas en el Poder Judicial de Tucumán. Pero el aval no fue total. Sucede que el Colegio se hizo cargo de las dudas que generaron las figuras de los veedores propuestos: el dirigente radical Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia, funcionaria local de Cambiemos. Según la entidad, ninguno de los dos ofrece la independencia que el desempeño del rol requiere. Por esa razón, el Consejo Directivo de la institución objetó las designaciones, y exhortó al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación a garantizar que la veeduría será seria y transparente.

La observación es respaldada en tanto y en cuanto se circunscriba a “mirar” los procesos y reciba el acuerdo de la Corte. El Colegio presidido por Marcelo Billone sentó una posición cinco días después de que Alejandro Collia, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, solicitara permiso a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para “tomar vistas y extraer copias” en 33 casos, eventualmente con colaboración del Cuerpo de Auditores. Mientras tanto, el alto tribunal estudia cómo pararse frente a este pedido que comprende 19 procesos penales con repercusiones institucionales intensas (se informa por separado).

En el ánimo de los directivos del Colegio influyó otra resolución de febrero de 2016, donde la gestión anterior encabezada por Francisco García Posse instó públicamente a la Nación a enviar un funcionario observador del desempeño y actuación del Ministerio Público de Tucumán en causas en que se investigan o son denunciados sus propios miembros o familiares y otros funcionarios del Estado. La mitad de los consejeros en funciones en el presente habían dado el visto bueno a esta solicitud porque el órgano de conducción sólo se renovó parcialmente a finales del año pasado.

“Por una cuestión de coherencia, correspondía mantener la postura adoptada”, explicó Billone ayer, a posteriori de la sesión del Consejo. Y añadió que la resolución preexistente obedecía a uno de los picos de las tensiones registradas en la cúpula judicial, en esa ocasión desencadenada luego de que el camarista Enrique Pedicone informara a la Corte que le habían impedido fallar en una causa penal atinente al ex fiscal Guillermo Herrera. “En esas circunstancias, el Colegio de Abogados expresó que desde la llegada de Edmundo Jiménez al Ministerio Público la situación del fuero penal se había agravado. Como se sabe, oportunamente el Colegio de Abogados se había opuesto al nombramiento de ese funcionario”, comentó Billone.

Por la publicidad

Otro antecedente evaluado fue la actividad como veedor que desplegó Bernardo Lobo Bugeau, hoy funcionario del Ministerio Público de Jiménez. “La Nación ya actuó en el caso ‘Lebbos’ (en 2013), y nosotros consentimos y citamos su informe para pedir la destitución del ex fiscal Carlos Albaca”, recordó Billone.

Las objeciones planteadas respecto de Robles y de Colombres Garmendia se basan en sus compromisos políticos y profesionales. “Sabemos que Robles es abogado de Roxana Teves porque ambos vinieron al Colegio. Y la causa ‘Teves’ es uno de los expedientes de interés de la Nación”, subrayó el presidente de la entidad. En cuanto a Colombres Garmendia, objetó su pertenencia al Gobierno del presidente Mauricio Macri (es delegada de Derechos Humanos de la Nación).

Más allá de los reparos hacia las condiciones de los veedores, Billone consideró que la veeduría hacía a la publicidad de los actos del Estado y al acceso a la información pública: “no podemos cuestionarla siempre que se respeten las instituciones locales. La compulsa es neutra desde el punto de vista axiológico”. El titular de la entidad profesional dijo que no desconocían la gravedad de ciertas situaciones y causas en trámite en el fuero penal, algunas con avances escasos e irresueltas, pero que sí esperaban que las soluciones vienesen de las autoridades tucumanas. “Concebimos la intervención federal como un remedio de último recurso y esperamos estar lejos de ello”, advirtió.

En la Corte analizan la consistencia del pedido

La consistencia de la solicitud de observación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación está siendo “observada” en forma minuciosa por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El objetivo de la búsqueda de argumentos y de antecedentes es fundamentar por qué corresponde admitir o rechazar a los veedores. También se exploran otras alternativas menos radicales, como no expedirse y dejar que la veeduría se abra camino por sí misma, o consentir la actividad respecto de algunas de las 33 causas incluidas en la nómina de interés de la Nación. La discusión interna aún no empezó en forma oficial puesto que el presidente saliente Antonio Gandur decidió agregar fundamentos a su voto antes de remitir la petición de la Casa Rosada a los vocales René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (presidente entrante).

Gandur tendría previsto mostrar sus cartas hoy, según fuentes judiciales. Aunque ello sucediese, la Corte ya dio señales de que manejará los tiempos sin apuros: recién definiría si da o no el permiso para “tomar vistas y extraer copias” en 33 procesos a partir de la semana próxima. Sucede que Gandur confirmó que el alto tribunal esperará a Estofán para conceder la audiencia que solicitaron el viernes los veedores Juan Roberto Robles y Ana Colombres Garmendia. El vocal en cuestión está de vacaciones y se reincorporará el lunes: para entonces, Posse ya asumirá el mando del alto tribunal. Ese mismo día, las secretarias de Derechos Humanos, y de Gobierno y Justicia, Érica Brunotto y Carolina Vargas Aignasse, plantearán las inquietudes del Gobierno respecto de los veedores al ministro nacional Germán Garavano en Mendoza, en el ámbito de la reunión del Consejo Federal de la Justicia.