07 Diciembre 2017
CRISTINA KIRCHNER / ARCHIVO
El juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA. (Télam)
El juez federal Claudio Bonadio procesó y pidió el desafuero para detener a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
La noticia se conoce cuando ya están detenidos otros acusados de la causa: el ex secretario Carlos Zannini, el piquetero Luis D'Elía, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el dirigente de origen libanés Yussuf Khalil. Bonadio también ordenó detener con prisión domiciliaria al ex canciller Héctor Timerman.
La resolución fue dictada en la causa iniciada a raíz de la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman por encubrimiento del atentado a la Amia. Así, la ex presidenta sumó su cuarto procesamiento en la Justicia Federal.
En octubre, tras su última declaración en Comodoro Py, Cristina culpó al Gobierno por llevar adelante una persecución política en contra de la oposición. "Es un gran disparate jurídico. Creo que lo más importante que tengo para decirles es que la única traición a la patria es utilizar a un Poder Judicial para perseguir a los opositores".
"Quieren un Parlamento sumiso, quieren que voten los que ellos quieren. Pero conmigo no lo van a lograr", dijo la ex mandataria, quien agradeció a la militancia que la fue a apoyar. Cristina indicó que "el objetivo de la persecución es atemorizar a los dirigentes de la oposición para hacerla callar en el Parlamento".
La causa contra la ex presidenta se centra en presunto el intento de favorecer a ex funcionarios del gobierno de Irán para buscar la impunidad del ataque terrorista a la AMIA. La causa se reactivó luego de conocerse una conversación del ex canciller Timerman con un directivo de la AMIA, en la que el entonces funcionario habría revelado que el gobierno kirchnerista conocía la presunta responsabilidad del régimen iraní en el atentado.
La figura penal de traición a la patria tiene una pena mínima de 10 años de cárcel y una máxima de 25 años o reclusión perpetua.
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