Los 15 puntos oscuros del caso Paulina Lebbos

1- Misteriosa reunión
El encuentro se produjo el 26 de febrero en Raco. En su casa, el entonces secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, recibió la visita del ex jefe de Policía Hugo Sánchez, y de los comisarios Héctor Brito (jefe de la Unidad Regional Norte) y Enrique García (titular de la comisaría de Raco). Nunca se supo cuál fue el motivo del encuentro, pero sí se concretó horas antes de que Alberto Lebbos, padre de la joven realizara la denuncia de su desaparición. La misteriosa reunión quedó registrada en los libros de guardia de la comisaría de esa localidad.

2- Una demora inusual 
Al fiscal Diego López Ávila siempre le llamó la atención el tiempo que se demoró César Soto para realizar la denuncia sobre la desaparición de su pareja, Paulina. La joven había acordado reunirse con él el domingo a la mañana o, en su defecto, al mediodía para almorzar en su casa. Recién a la siesta llamó a la casa de la estudiante para hablar con ella, pero no pudo hacerlo. Insistió a la noche y tuvo el mismo resultado. Acudió a la Policía después de que Lebbos decidiera demandar el caso antes las autoridades.

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3- La partida de una testigo clave
Virgina Mercado había llegado a la ciudad para seguir estudiando. Ella fue la última persona que vio con vida a Paulina. Antes de que se encontrara el cuerpo de la víctima, la joven regresó a su Aguaray natal y sólo volvió a la provincia cuando la obligaban a hacerlo. “Evidentemente, sentía mucho miedo por algo que nunca supimos qué era”, dijo Lebbos. De sus palabras no duda: “siempre mantuvo sus dichos”. La joven declaró siempre lo mismo en sede policial, ante los tres fiscales que investigaron el caso y ante el mismísimo padre de su amiga. “Una vez estuvimos charlando con ella como tres horas y siempre mantuvo sus dichos”, agregó. La joven se fue de la provincia y dejó trunca las dos carreras que estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

4- Problemas con los papeles
Los hermanos Marcelo y Sergio Goitea cuidaban caballos en la zona de Tapia. El 11 de marzo, cuando regresaban a su casa, encontraron un cuerpo. Espantados decidieron comunicarse con Hugo Rodríguez, un ex policía al que conocían, para comentarle lo que había sucedido. En las actas policiales que se confeccionaron se informó que los policías de la zona habían concretado el hallazgo. Por esa razón, fueron condenados por haber falseado esa documentación el comisario Enrique García y los policías Manuel Yapura y Alberto Lencina. La Justicia también imputó a Hugo Rodríguez por haber participado en esta maniobra y se sentará ante el tribunal en la audiencia. 

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5- La ausencia de la fiscala de turno 
La fiscala Adriana Reynoso Cuello se encontraba de turno el día en el que se encontró el cuerpo de la joven. Ella no concurrió al lugar del hecho; sí lo hizo su par  Alejandro Noguera. Las partes quieren establecer si ella estuvo al tanto de la situación y por qué no concurrió a ese lugar.

6- La pelea de Raco 
Noguera mantuvo una discusión con el secretario Di Lella durante la tarde que encontraron el cuerpo en Raco. Según confiaron varios testigos, el funcionario pretendía a toda costa sacar el cadáver del lugar donde había sido hallado. El fiscal dijo que no se lo iba a mover hasta la finalización de todas las muestras necesarias. Pero Di Lella insistió y ordenó a los policías que lo hicieran. Noguera, según consta en el expediente, le dijo que él era quien tomaba las decisiones en el marco de la pesquisa. 

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7- La falta de recursos
Cuando los peritos realizaron su trabajo quedó al descubierto la falta de recursos técnicos y humanos con los que contaban los investigadores. El cuerpo de la joven fue trasladado en un vehículo destartalado que hasta pinchó una goma en su trayecto. Los mismos problemas se observaron cuando se realizó la autopsia y la muestra de pruebas. Los especialistas de Gendarmería Nacional que colaboraban en la investigación denunciaron esta cruda realidad. 

8- Una visita polémica 
El 19 de abril de 2006, el fiscal Noguera es descubierto en la casa del entonces gobernador José Alperovich. Sus allegados comentaron que habría asistido a una reunión donde el fiscal explicaría qué recursos necesitaba para seguir adelante con la investigación. Trascendió que el fiscal había informado a sus superiores que aceptó asistir al cónclave porque habría sido invitado por los allegados de la víctima. Fue separado de la causa, pero continuó en el cargo por varios años más y actualmente es fiscal de la Cámara de Apelaciones. 

9- La actuación policial 
En varias hipótesis que se manejaron en el caso, se descubrieron irregularidades cometidas por algunos sectores. Por ejemplo, involucraron en la causa a varios miembros del Clan Acevedo, los barrabravas de Atlético, con base en denuncias anónimas de vecinos. Los miembros de la fuerza tampoco pudieron explicar por qué Juan Cruzado, el remisero que dijo haber llevado a Paulina, se comunicó varias veces con el personal de la Dirección de Guardia Urbana antes de presentarse a brindar testimonio.

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10- El rol de querellante 
Desde un primer momento, Lebbos asumió como querellante de la causa, papel que le quitaron cuando Soto pretendió cumplir con el mismo rol. El fiscal Carlos Albaca, que reemplazó a Noguera, le dio la razón a la ex pareja y se quedó con el papel. El padre de Paulina, que siempre ocupó un activo papel en la causa, decidió pelear para recuperar la representación de esa parte. Un juez de Instrucción le dio la razón. Soto, que no perdió esa figura, terminó renunciando.

11- La versión popular 
Siempre se dijo que Paulina murió en una fiesta de la que habrían participado los “hijos del poder”, entre ellos Gabriel Alperovich, hijo del ex gobernador y Sergio Kaleñuk, hijo del secretario privado del ex funcionario. De acuerdo a esa versión, la joven se cayó de una mesa de pool y murió por el golpe que sufrió. Si esa teoría hubiera sido cierta, no se debería investigar un crimen, sino una muerte accidental. Y si a los participantes se los hubiera acusado de encubrir el hecho, no habrían ido a juicio, porque el delito ya habría prescripto. 

12- La lentitud de Albaca 
En la investigación que realizó la fiscala de cámara Juana Prieto de Sólimo para analizar la tarea que realizó Albaca, surgieron varias presuntas irregularidades. Entre ellas, se dejó que se deterioraran varias muestras que debieron ser sometidas a pruebas genéticas. También le cuestionó el hecho de no haber investigado algunas pistas que podrían vincular a Soto y los miembros del clan Acevedo. El ex fiscal, ahora deberá enfrentar un juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por retardo y denegación de Justicia y encubrimiento agravado. 

13- Una teoría que generó polémica 
El fiscal Albaca habría elaborado una teoría que generó la reacción de los allegados de Lebbos y de la comunidad en general. En el informe que le envió a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el investigador especuló que la joven podría haber fallecido en una práctica sexual extrema. La teoría no tuvo ningún tipo de respaldo probatorio. 

14- Un error infantil 
El IMEI es el código que tiene cada celular. Es único e irrepetible y se activa cada que se instala un chip, sin importar la línea de servicio. Albaca pidió la información del tráfico que tuvo el aparato con un número errado. Luego de corregirlo, no investigó quienes usaron el teléfono desde el día de la desaparición hasta 2011, a pesar de contar con informes de la empresa Movistar. El fiscal Diego López Ávila siguió esa pista y comprobó que Roberto Luis Gómez lo usó desde el mismo día que desapareció Paulina. Por ese motivo fue imputado por la desaparición y el homicidio de la joven. 

15- Con trabajos nuevos 
Varios de los mencionados de la causa terminaron siendo empleados estatales después de haberse cometido el crimen de Paulina. Gómez, por ejemplo, fue designado como empleado de la comuna de San Andrés, aunque no le asignaron tarea alguna. Soto, en cambio, fue empleado de la Legislatura después de haber sido nombrado por el ex legislador Juan Eduardo “Pinky” Rojas. Mientras que varios de los integrantes del Clan Acevedo habrían recibido algún tipo de ayuda social. “El Gordo” González reconoció que el ex gobernador Julio Miranda, ex presidente de Atlético, le había otorgado ese beneficio.