Investigarán si hubo excesos en la crisis de 2017 en Venezuela

LA HAYA.- La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación preliminar sobre posibles crímenes cometidos en Venezuela desde abril de 2017 en el contexto de las manifestaciones y disturbios políticos, informó ayer la fiscal del organismo internacional con sede en La Haya, Fatou Bensouda.

“En particular, se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y arrestaron y detuvieron a miles de opositores o personas consideradas como tales, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante la detención”, señaló Bensouda.

“También se informó de que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violento, lo que resultó en la muerte o lesiones de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añadió la fiscal.

Este procedimiento no supone la apertura de una investigación oficial, algo sobre lo que la fiscalía decidirá más adelante. La CPI investiga crímenes de guerra y contra la humanidad y casos de genocido.

La CPI asegura que colaborará con las autoridades nacionales para discutir y evaluar cualquier investigación y acusación relevante a nivel nacional. A su vez, confía en contar con la colaboración de la autoridades venezolanas.

Según la fiscal, no hay un plazo determinado de tiempo para el desarrollo de la investigación preliminar. Dependiendo de los hechos y las circunstancias, Bensouda decidirá si abre una investigación oficial y lo somete a revisión judicial, si sigue recabando información o si rechaza la apertura de una investigación.

Además, la fiscalía considerará todos los puntos de vista y alegatos presentados durante el procedimiento preliminar.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, alertó en septiembre que las autoridades venezolanas podrían haber cometido gravísimos crímenes contra los derechos humanos y la humanidad al reprimir las protestas de la oposición.

Al Hussein exigió entonces una investigación internacional de las muertes, detenciones arbitrarias y torturas en el marco de las protestas masivas que su oficina denunció en un informe sobre el país sudamericano.

Las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro comenzaron el 4 de abril de 2017 y dejaron más de un centenar de muertos hasta el 30 de julio. La chispa del descontento la encendió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con dos sentencias que despojaron de sus atribuciones legales a las Asamblea Nacional, el Congreso de mayoría opositora.

Maduro responsabilizó a la oposición del saldo mortal de las protestas y a la fiscal general destituida Luisa Ortega Díaz -que huyó al extranjero- de apoyar la violencia en las manifestaciones. (DPA)