Gastos sociales: el Gobierno dice que sólo la Corte puede juzgarlo

Tres días después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán enviara el juicio “Aráoz”, un caso relativo a los gastos sociales legislativos, a la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el Poder Ejecutivo se presentó allí y manifestó que sólo el alto tribunal podía juzgar en esta causa. Como consecuencia de ello, la Provincia dijo que el expediente debía retornar a la Corte para que prosiguiera allí el trámite del proceso iniciado en 2016 por el legislador radical Eudoro Aráoz.

Este último planteo de incompetencia llega luego de que la Corte rechazara una variedad de recursos articulados por la Provincia para separar a Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II, del caso “Aráoz”. La sustanciación de estas presentaciones de la Fiscalía de Estado mantuvo al juicio frenado durante todo el año pasado.

Lla Corte emitió sentencias sobre una queja por casación denegada (9 de marzo de 2017); sobre recusaciones (11 de mayo de 2017); sobre una nulidad y el recurso de casación (ambas del 27 de junio de 2017), y sobre un recurso extraordinario (5 de diciembre de 2017). Estos pronunciamientos tuvieron resultados adversos para el Gobierno.

El 2 de febrero, el expediente regresó al tribunal de origen, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que integran Novillo y el vocal Carlos Giovanniello. Y cuando ese estrado se disponía a continuar desarrollando el proceso, que ya estaría cerca de la sentencia de fondo, ingresó el planteo de incompetencia. “El oficialismo quiere que nunca sepamos quiénes recibieron el dinero (de los gastos sociales)”, dijo al respecto Aráoz (ver “Repercusión”).

El opositor interpuso una acción de amparo para acceder a información detallada acerca del destino dado a los $ 615,5 millones que el Poder Legislativo repartió en concepto de gastos sociales durante 2015. Este juicio fue iniciado luego de que LA GACETA develara que los fondos en efectivo eran trasladados en valijas desde el banco hasta la Legislatura. Además del caso “Aráoz”, por estos hechos fueron abiertas dos causas penales (“López I” radicada en el Juzgado Federal N°1 y “López II”, en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N°2 de esta ciudad) y otros dos juicios en lo contencioso administrativo (“Brodersen” y “Villagra Delgado”).

Ni en el derecho comercial

Leonardo Francisco Debono, apoderado de la Provincia, dijo que el caso “Aráoz” no podía de ningún modo ser decidido por Novillo y Giovanniello puesto que la controversia pertenecía a la competencia exclusiva y originaria de la Corte, cuerpo que hasta el momento había intervenido como tribunal revisor. Para fundar su posición, Debono mencionó que esa había sido la solución convalidada por la propia Corte en otros juicios de interés institucional promovidos durante 2017, como el proceso de la Asociación de Magistrados de Tucumán contra la reforma legal que agravó el régimen de destitución de jueces.

“La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo debe declararse incompetente”, manifestó Debono y añadió que ello surgía de la interpretación dada al artículo 4 del Código Procesal Constitucional de Tucumán, que fija la competencia originaria de la Corte. El abogado de la Fiscalía de Estado añadió que la pretensión de Aráoz tenía gravedad institucional puesto que, con su proceder respecto de este conflicto, había comprometido la Constitución de Tucumán.

En otro tramo del escrito, el letrado expresó: “si bien resulta atendible bregar por la completa transparencia y por el correspondiente deber de informar, no es menos cierto que este no puede advertirse sin cortapisa (sic). Es claro que en ningún ámbito, ni siquiera en el derecho comercial, se admite la petición constante e indiscriminada de información, máxime cuando en algunas hipótesis recabar esta implica tareas adicionales por parte de quien la suministra, y cuando su uso puede perseguir ciertas intenciones políticas ya que se convierte el mero hecho de la demanda judicial en noticia periodística y en circunstancia política”.

Eudoro Aráoz, legislador de la UCR y promotor de uno de los procesos judiciales iniciados a propósito de los gastos sociales legislativos, manifestó que el Gobierno dilata estratégicamente los casos. “El oficialismo quiere que nunca sepamos quiénes recibieron el dinero destinado a las ayudas".

Se trata de alrededor de 61 millones de dólares que manejó Juan Manzur cuando era presidente de la Legislatura y candidato a gobernador”, expresó en un texto enviado a este diario. Aráoz recordó que los planteos dilatorios generan costas a cargo del erario: “esos fondos podrían destinarse a las necesidades de la provincia. A Manzur esto no le importa: paga cualquier precio con tal de ocultar la información pública”.