Informes oficiales desvinculan al juez Bejas del caso del preso asesinado

Tres informes distintos establecen que Daniel Bejas, juez federal N°1, no intervino en las actuaciones donde consta que Fernando Sebastián Medina, preso asesinado en el penal de Villa Urquiza en noviembre, estaba dispuesto a testificar sobre la venta de drogas en la cárcel. Bejas solicitó los datos como consecuencia de las denuncias que articuló en su contra la Sección Argentina del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP). Por el crimen de Medina, esa organización no gubernamental también pidió la investigación del desempeño del fiscal federal N°2, Pablo Camuña, y la destitución del juez de Ejecución Penal de esta capital, Roberto Guyot.

Dos secretarios del Juzgado Federal N°1, Javier Remis y Marcela Cabrera, así como el propio Camuña, certificaron que en los registros oficiales no había rastros de la actuación endilgada a Bejas, según la información a la que tuvo acceso a LA GACETA. Las constancias firmadas por los fedatarios fueron requeridas por el juez para su presentación en el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Justicia Federal de Tucumán. Graciela Dubrez, presidenta de la OIP, había manifestado que tanto a Bejas como a Camuña les correspondía proteger al testigo Medina. La denuncia articulada ante el Consejo, órgano encargado de controlar la disciplina de los magistrados federales, dio lugar a que el consejero Pablo Tonelli (diputado de Cambiemos) solicitara a Bejas datos sobre el caso. Los informes obtenidos permitirán al Consejo resolver si desecha o no el cuestionamiento que Dubrez formuló contra el magistrado.

Una carta de puño y letra

Medina fue asesinado en Villa Urquiza aparentemente por su intención de suministrar información comprometedora sobre el tráfico de estupefacientes en el penal: esta es la hipótesis que investiga la fiscala provincial Adriana Giannoni (N°8). El recluso había dicho que era amenazado y, por ello, el juez Guyot ordenó su traslado a la comisaría N°7 de esta capital. Pero luego los guardias decidieron trasladarlo de nuevo a Villa Urquiza, donde murió tres días después. Según la OIP, Ana Silva, la esposa de Medina, y su abogada, Silvia Furque, alertaron al Juzgado de Ejecución Penal sobre el traslado y los riesgos que este entrañaba. “Allí le informaron que tanto el juez Guyot como su secretaria estaban en un curso de capacitación y que, por lo tanto, ellos no podían hacer nada. Frente al inminente peligro, el propio Medina escribe de puño y letra una carta al juez, pero no hubo respuesta. Furque plantea el tema ante el tribunal de sentencia sin resultados. Mientras la abogada volvía a insistir por el resguardo de la vida de Medina, este estaba siendo asesinado en el penal”, dijo Dubrez.

“No puede responsabilizarse a un juez por las consecuencias de la desobediencia de sus mandatos”, dijo a este diario, por medio de un correo electrónico, Julio Rougés, abogado de Guyot. Según este, corresponde responsabilizar a los agentes del Servicio Penitenciario, órgano que depende del Poder Ejecutivo. La comisión de Juicio Político de la Legislatura ha de resolver si activa o no el proceso de destitución del juez de Ejecución Penal.