Abogados reclaman el nombramiento del jefe de la Defensa

El Colegio de Abogados de la Capital sumó su voz a quienes exigen la puesta en marcha inmediata del Ministerio Público de la Defensa, órgano creado hace más de un año a los fines de implementar el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán. Marcelo Billone y Guillermo Arévalo, respectivos presidente y secretario de la entidad profesional, dirigieron una nota al gobernador Juan Manzur en la que le manifestaron que su decisión de postergar la designación del primer jefe de la Defensa afecta el acceso a la justicia.

En virtud de la norma promovida y sancionada a comienzos de 2017 por el oficialismo -con reproches de la oposición-, el Gobierno ha de nombrar en forma discrecional (sin concurso) al superior de los defensores del Estado. La decisión luego debe recibir el visto bueno de la Legislatura.

“Este nombramiento es de especial relevancia para la implementación adecuada y el debido funcionamiento del nuevo Código”, expresaron Billone y Arévalo en un mensaje del 1 de junio. Ese digesto, que se propone transparentar el desempeño del fuero penal y reducir los índices elevados de impunidad, ha de entrar en vigor en febrero: es la última meta que estableció la Legislatura luego de que fracasaran dos plazos anteriores. El sistema remozado separa las funciones de acusar y de defender (antes estaban unidas), y establece un régimen de control recíproco en los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa. En el presente, el titular del primero, Edmundo Jiménez, sigue a cargo del segundo: en los hechos, la estructura institucional no ha variado, aunque Jiménez ya maneja su propio presupuesto y dotó a su institución de cuerpos administrativos. En cambio, en el Ministerio Público de la Defensa todo está por hacerse.

“Las implicancias de este asunto son notorias, por lo cual nos eximimos de comentarlas”, afirmaron Billone y Arévalo en la carta que enviaron al gobernador. Y añadieron: “insistimos en que la demora (en la cobertura del cargo de jefe de los defensores del Estado) impacta negativamente en el servicio de justicia, y prolonga aún más el trámite y la resolución de los conflictos, con evidente perjuicio para los particulares”.