Por Francisco Chico
01 Noviembre 2018
Legisladores, comerciantes y policías critican los adicionales
Un servicio que no siempre deja rastros en papel, miles de trabajadores cuyos referentes aseguran que no pueden llegar a fin de mes y un sistema que mueve cientos de millones de pesos al año. Estos son, según comerciantes, legisladores y funcionarios, algunos de los elementos que giran en torno al Servicio de Policía Adicional.
Ese sistema permite que los agentes, que suelen tener turnos de trabajo de 24 horas seguidas y luego 48 de descanso, trabajen como custodios en locales privados o entidades públicas mientras estén de franco. El costo del servicio ronda los $ 120 por hora y un 5 % queda para la institución mientras que el resto corresponde al policía que cumplió con el servicio.
Según miembros de la fuerza, necesitan ese dinero extra. “Nos encantaría no hacer servicios y estar más con la familia. Pero con cómo está la situación económica todos tienen que tener otro trabajo”, explicó el agente Víctor Nacusse. Según él, esa necesidad es la que lleva a unos 6.500 agentes a realizar adicionales.
Pero hay otros efectivos que denuncian una serie de irregularidades en la forma en que estas tareas se llevan a cabo. Uno de ellos es Darío Sandoval. “Usted habla a la comisaría de Lules y nunca hay móvil. Pero usted va a los diferentes comercios o bancos y hay policías cuidando. Esos son policías que tienen que estar recorriendo y los hacen hacer servicios en el horario de guardia”, contó.
Ese sistema en el que un agente realiza custodias privadas durante su horario de servicio es conocido como “ficha”. Según Sandoval, los oficiales serían responsables de este mecanismo y ordenarían a los agentes que operen de esa manera.
“Esa es plata para ellos (para los oficiales). Y la plata sigue subiendo hasta el jefe (José Díaz) y el subjefe (Francisco Picón) de Policía”, denunció Sandoval, quien protagonizó diversos episodios en los que acusó a la cúpula de la fuerza por presuntas irregularidades. En su momento Díaz sostuvo que no conoce a Sandoval y negó las acusaciones. En una entrevista con “Panorama Tucumano”, Picón rechazó estar involucrado en cualquier tipo de irregularidades (ver “El subjefe...”). Actualmente, la fiscala Adriana Giannoni lleva adelante una investigación en base a las denuncias de Sandoval.
Pero los testimonios de que el sistema de los adicionales daría lugar a diversos inconvenientes no se agotan en la denuncia de Sandoval.
Una empresaria contó que llamó a la Policía para requerir el servicio adicional para su local y que se presentó un oficial. “Supuestamente era con contrato. Me lo presentaron el primer día pero nunca se firmó”, relató. Añadió que pagó la custodia durante cuatro meses pero que nunca le dieron un recibo. Pidió que se reserve su identidad por miedo a represalias: dijo que fue amenazada por la Policía cuando, cuatro meses después, decidió dejar de contratar el servicio.
Falta de transparencia
Desde 2008, por ley, la partida presupuestaria correspondiente al servicio de adicionales debería estar incluida en el Sistema de Administración Financiera y Control (Safyc). Pero hasta el día de hoy eso no se cumplió y el Tribunal de Cuentas (TC) llama la atención al respecto desde el año 2012. “Se evitan todos los controles; no podemos ejercer nuestro rol”, explicó Miguel Chaibén Terraf, presidente del TC.
En base a la limitada información que obtuvo el organismo de control, se determinó que en 2016 los ingresos totales por ese concepto fueron de $ 184,9 millones mientras que en 2017 el monto ascendió a $ 239,7 millones. De los ingresos del año pasado, el 61% correspondería a empresas privadas y el 39% a entidades públicas.
Actualmente, el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto de ley que buscaría solucionar esta falta de cumplimiento, lo que fue celebrado por Terraf.
En la Cámara
Tanto el legislador oficialista Marcelo Caponio (PJ) como el opositor Fernando Valdez (UCR) cuestionaron el sistema de adicionales porque lo consideran una privatización del servicio de seguridad. Con matices, ambos coinciden en subrayar que de esta forma recibe más seguridad de los agentes estatales aquellos que tienen más dinero.
Valdez, además, criticó la manera en que se organizan los turnos de los policías. “Es una ficción absoluta; nadie trabaja 24 horas seguidas”, se quejó. El suyo es uno de los cuatro proyectos de ley con estado parlamentario que tratan el tema de los adicionales (ver nota aparte). En él propone eliminar el servicio, brindar una compensación salarial a los agentes (aumentando su sueldo en un 30%) y modificar el régimen laboral por turnos rotativos de 8 horas diarias durante cinco días seguidos.
Caponio analizó los adicionales de manera similar, pero brindó una propuesta diferente: “no hay que eliminar los adicionales. Sí hay que reglamentarlos y regular el funcionamiento de la Policía de otra forma”. Una de las modificaciones que el legislador considera necesarias en la Policía es el hecho de que los agentes no realicen tareas administrativas. “Deberían estar dedicados a la prevención”, sostuvo.
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