08 Noviembre 2018
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Una mujer que padece una discapacidad le exige a la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que se cumpla el concurso público para personas con discapacidad, dado que obtuvo un tercer lugar en un llamado para ingresar al Poder Judicial, pero luego se convocó a cubrir vacantes al resto de los participantes con menor o igual puntaje.
En septiembre, Pilar Feyling, de 34 años, presentó un amparo patrocinada por la abogada María Florencia Sanna, de la organización Acción por los Derechos del Noroeste (ADN), contra el máximo tribunal de Tucumán. En el escrito se exige que cesen los actos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos, y se dé cumplimiento al concurso público para personas con discapacidad. El planteo se tramita ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Pilar Feyling carga una mochila de oxígeno, que no le impide trabajar. FACEBOOK
La mujer presenta una cardiopatía congénita, y utiliza una mochila de oxígeno, circunstancias que jamás fueron un obstáculo para sus ganas de aprender y superarse cada día. Pero sus esperanzas de llevar una vida normal y de trabajar como cualquier persona se vieron frustradas cuando consideró que fue discriminada en su propósito de cubrir una vacante en el Poder Judicial de la provincia.
La joven pudo recibirse de traductora de inglés, perfeccionarse en sus estudios, y desempeñarse como profesora particular y como perita traductora. Pero el factor económico siempre fue un gran obstáculo, debido a las inexistentes posibilidades de trabajo en el medio para las personas con algún tipo de discapacidad.
La posibilidad de ingresar por concurso al Poder Judicial le generó mucha esperanza a Pilar y con ese objetivo se propuso alcanzar un gran rendimiento y finalmente lo logró. Según destaca ADN, en noviembre de 2017 fue convocada debido al resultado obtenido en el concurso (93 puntos) a realizar los exámenes preocupacionales e inclusive las capacitaciones correspondientes.
Ascensores
Luego de haber cumplido con todo lo requerido, en marzo de 2018, el Poder Judicial le comunicó que no había lugares para que pueda desempeñarse debido a su discapacidad, con el argumento de que no se le podría asegurar un lugar apto, detalla ADN. "Incluso hasta llegaron a manifestarle que no podían garantizarle la posibilidad de utilizar los ascensores del edificio de tribunales, ya que con frecuencia estaban fuera de servicio y no podría, por lo tanto, cumplir tareas como llevar pilas de expedientes de un lugar a otro por las escaleras", remarcan Augusto Moeykens, presidente de ADN, y la patrocinante María Florencia Sanna.
Tras haber presentado varios escritos, Pilar espera una resolución de la Corte desde marzo. "Es totalmente absurdo sostener que justamente uno de los poderes del Estado que cuenta con mayores privilegios en lo edilicio informe que no pueden adaptar el lugar para que Pilar pueda acceder a trabajar", subraya ADN.
"¿Qué tareas serían las que no puede realizar? Habiendo transitado por todas las instancias de un concurso que justamente debía contemplar sus condiciones físicas y adaptar cualquier barrera existente, nos resulta un acto gravísimo de injusticia y más teniendo como protagonista al Poder Judicial, cuya principal función es defender derechos de los ciudadanos, no frustrarlos", agrega la organización. "Es por ello que pedimos a la Corte Suprema que en coherencia con la política inclusiva en materia de discapacidad que ha estado impulsando, hasta el punto de ser reconocida en el ámbito nacional, elimine los obstáculos que hoy impiden ingresar a trabajar a Pilar", resaltan Moeykens y Sanna.
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