Por Luis Duarte
23 Noviembre 2018
AMONTONADAS. Las filas de motos forman parte del “paisaje urbano” en la zona de la seccional 3ª. la gaceta / fotos de diego aráoz (archivo)
En la actualidad, hay más de 2.000 vehículos y motocicletas que pueden ser compactados. De esa cantidad, casi 700 unidades no cuentan con identificación oficial. Todos estos están a la vista en las comisarías locales y en los predios judiciales, ya que están vinculados a algún procedimiento oficial.
Los rodados, sean motos, autos o camionetas, entre otros, ocupan lugares, generan basura y olores, atraen ratones y contaminan. Por ello, desde diferentes sectores han alertado los riesgos de contaminación y reclamaron soluciones a la acumulación.
Ante esa situación, la Corte Suprema de Justicia (CSJT) y el Gobierno de la provincia acordaron esta semana avanzar en un “protocolo de actuación para la compactación de vehículos”, con el fin de reducir el peligro ambiental y la polución visual de la chatarra en la vía pública, entre otros problemas.
En particular, las partes consensuaron un esquema para condensar los vehículos y motos sin identificación dominial y sin posibilidad de establecer vinculación con causas judiciales. También se prevé otra normativa para aquellos que cuenten con algún tipo de identificación.
La intención de la Justicia y el Gobierno es hacer efectivo el procedimiento previsto en la Ley Nacional Nº 26.348, que dispone que los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados “deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra”, disponiendo también procedimientos para los jueces. También la Ley Provincial Nº 8.731 de adhesión a la ley nacional y extensiva a motovehículos.
COMISARÍA 10. Los peatones circulan a través de los autos secuestrados.
Ya pueden ser compactados más de 2.000 vehículos y motocicletas que permanecen en las dependencias policiales y judiciales. Y 696 vehículos no tienen identificación: 127 autos y 489 motos.
Los datos se conocieron en el marco de un encuentro oficial, que se realizó en el Palacio de Justicia. En la reunión participaron Daniel Oscar Posse, presidente de la Corte, y Luis Roberto Ibáñez, secretario de Seguridad Ciudadana.
“El lunes comenzaremos con las inspecciones en las comisarías, con base en una lista que presentamos. La Corte y la Secretaría de Seguridad dispondrán las autoridades que se encargarán de esa tarea”, expresó Ibáñez.
El Ministerio de Seguridad presentó una nómina de “vehículos no identificables que hace muchos años están abandonados y nadie los reclamó”. De acuerdo a la información oficial, el tiempo de depósito ha llegado hasta los 30 años en algunas dependencias. No tienen antecedentes en tribunales ni en las seccionales.
“Hay otra tanda de vehículos identificables, con números de chapa patente y de motor. Para concretar la compactación, se requiere determinar el rumbo de la causa judicial”, explicó el secretario de Seguridad.
“Para elaborar las listas, se llevaron adelante diferentes trámites en la Corte, en las fiscalías y en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Ahora, se espera que la medida sea publicada en el Boletín Oficial. A partir de ahí, se intentará identificar los rodados que están bajo la órbita de la Secretaría de Transporte de la provincia”, añadió Ibáñez.
Informe anterior
En marzo pasado, la cartera de seguridad informó que, en promedio, había 95 motos y seis autos por comisaría. El cálculo había sido el resultado de un relevamiento efectuado en febrero por los jefes de las seccionales (unas 15 en la jurisdicción capital), a pedido del ex secretario de Seguridad, Miguel Gómez.
En ese momento, en el Gobierno dijeron que una vez que se completaran los expedientes judiciales, respecto de causas de secuestro de los rodados, se pediría a la Nación que envíe una máquina compactadora. Un equipo similar se había utilizado por última vez en diciembre de 2015.
Los vehículos estaban secuestrados por casos judiciales, como homicidio, robo y lesiones, entre otros, y por incumplimiento a la ley nacional de Tránsito.
Otro de los lugares identificados había sido el predio conocido como “volanta”, donde funciona Secuestros Judiciales y Contravencionales. En ese sitio están los vehículos afectados a más procesos legales.
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