Carbajo Cascón: “vivimos en la época del buen gobierno tanto público como privado”

El catedrático español recibió el doctorado honoris causa de la Universidad San Pablo-T.

DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA SAN PABLO-T. El académico español Carbajo Cascón ayer, en esta ciudad. la gaceta / foto de diego aráoz DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA SAN PABLO-T. El académico español Carbajo Cascón ayer, en esta ciudad. la gaceta / foto de diego aráoz

“Lo que la naturaleza no da, Salamanca sí lo presta”. Fernando Carbajo Cascón dice que este debería ser el lema de la Universidad de Salamanca, y no aquel eslogan “elitista-medieval” que la hizo célebre por eximirla de cultivar a quien carecía de talento. “Han cambiado las circunstancias. Nosotros estamos para formar”, asegura el español Carbajo Cascón ocho siglos después de la fundación de su casa de estudios universitarios en la que se desempeña como decano de la Facultad de Derecho. En esta ciudad, donde ayer recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad San Pablo-T, Carbajo Cascón destaca el poder del conocimiento y de la información, y afirma que la ampliación de la capacidad de pensar y de opinar está llevando a mejorar los sistemas de control tanto públicos como privados. “Vivimos en la época del buen gobierno”, postula.

La población está más entrenada y demanda más a las instituciones en general: Carbajo Cascón desarrolla esta idea en un despacho de la San Pablo-T, luego de visitar al gobernador Juan Manzur y a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en compañía de sus anfitriones, Catalina Lonac, y el juez y docente Mario Leal. Dice el decano que lo reciben con honores por el cariño que todo el mundo hispanoamericano profesa a la Universidad de Salamanca, centro educativo ubicado en Castilla y León a 200 km al oeste de Madrid. Por esa sede pasaron, ya sea como estudiantes o profesores, o con ambas calidades, figuras de las letras, de la política y del derecho de la talla de Antonio de Nebrija, Hernán Cortés, Francisco de Vitoria, Fray Luis de León, Luis de Góngora, Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, Fernando Lázaro Carreter, Adolfo Suárez y Enrique Tierno Galván. “No nos olvidemos del jurista Francisco Tomás y Valiente, primer presidente del Tribunal Constitucional”, evoca el decano. Y recuerda que Tierno Galván, luego alcalde madrileño, siguió enseñando constitucionalismo durante la dictadura de Francisco Franco, cuando el Estado de Derecho debía ser imaginado a la distancia.

“Hoy se lucha por los valores y la ética desde la prevención y la sanción”, observa Carbajo Cascón, que, además de investigar, dirigir su Facultad y enseñar, eventualmente presta servicios en la Justicia como conjuez o “magistrado de apoyo”. En ese último rol predica que los códigos de ética son un “recordatorio” de valores básicos necesarios para los jueces: “funcionan como un compromiso hacia la sociedad. Nunca está de más reflexionar sobre las conductas que se esperan de la magistratura: ello hace al buen gobierno del Poder Judicial”.

-¿Cómo define ese concepto?

-El buen gobierno es todo aquello que conduzca a la paz y a la felicidad de la comunidad. No es un concepto nuevo: en mi disertación voy a hablar sobre el fresco del Buen y del Mal Gobierno que los hermanos (Pietro y Ambrogio) Lorenzetti pintaron en Siena (Italia). En un extremo está el mal gobierno y todo lo que provoca, como guerras y hambruna, y en el otro, el buen gobierno, que está rodeado de las virtudes cardinales: la templanza, la caridad y la justicia, que aparece en un plano muy destacado. Es decir, los poderes ejecutivos y legislativos deben tener siempre el control judicial, que protege al ciudadano de los abusos y excesos de las autoridades. En la época contemporánea, el buen gobierno resurgió en la empresa como reacción a las prácticas corruptas, pero rápidamente se extendió hacia el sector público. Se trata de que los intereses particulares no se antepongan a los generales. Ello exige sentar bases éticas, pero no es suficiente: también debe haber un desarrollo normativo que permita realizarlas. Las grandes declaraciones éticas no llevan a nada si su incumplimiento no recibe una sanción adecuada a la infracción. Por el contrario, en esas condiciones alimentan la desconfianza social en el sistema institucional.

-La impunidad sería el rasgo que define al mal gobierno...

-Por supuesto. Pero es que la impunidad implica una mala aplicación de las normas. Por eso hay que crear las herramientas necesarias para vigilar y supervisar, y que haya posibilidad de sancionar de manera ejemplar. La sociedad cada vez reclama más porque dispone de mayor información y libertad de expresión. La presión social debe traducirse en normas adecuadas a ella: los legisladores tienen que reaccionar. Esta es la historia de la humanidad, del derecho y de la justicia. A veces sucede que las reacciones son meros maquillajes o lavados de cara, y que frente a la transgresión nada sucede ni cambia. Si es un país el que hace esto sistemáticamente, los inversores desconfían. Por eso muchas veces las crisis económicas y sociales obligaron a pasar de los principios éticos a las regulaciones, es decir, a normativas que reflejen estos valores, y cuyo incumplimiento acarree responsabilidades penales y civiles.

-Un principio fundamental del buen gobierno de la Justicia es que esta sea independiente. ¿Cómo se hace para pasar a la práctica si quienes deben sancionar no son libres para hacerlo?

-Siempre defiendo la independencia de los jueces: otra cosa es la cúpula del Poder Judicial. Muchas veces el déficit aparece allí sobre todo en los asuntos penales y en lo contencioso administrativo que resuelven las cortes supremas. La política se cuela por cuestiones ideológicas, pero, también, porque los políticos nombran a los integrantes de la cúpula y se reparten los cargos en función de las mayorías. Esta repartija del pastel molesta mucho a la sociedad. Las cortes deberían surgir de la propia magistratura a partir de un método de elección fundado en el mérito y en la capacidad.

-Usted, que hizo investigaciones sobre corrupción, ¿considera que la misma Justicia que miró para otro lado en su momento está legitimada, luego, para perseguir a los corruptos?

-A la corrupción hay que combatirla con normas nuevas que se adapten a las exigencias actuales. Estas leyes surgen muchas veces de investigaciones que detectan vacíos normativos. Antes también había más tolerancia social, pero eso ya no ocurre: la ciudadanía está despierta y reivindicativa. En España ha habido un cambio fenomenal mediante la instalación de instituciones que son sumamente exigentes. La Fiscalía Anticorrupción hizo caer al Gobierno del Partido Popular: hablamos de fiscales nombrados por ese sector. ¿Por qué son cada vez más independientes? Porque sienten la demanda social y saben que si caen en la tentación de inclinarse ante el poder su carrera y reputación quedarán destruidas. Esto no se construye en un día: pese a que hay mucha presión de la sociedad, a veces los jueces mantienen la costumbre atávica del distanciamiento y de la arrogancia, y la creencia de que el enojo “ya pasará”. Lo que pasa es que ya no pasa tan rápido y cada vez pasa menos.

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