El Tribunal de Cuentas multó al titular de la Caja: deberá pagar $ 50.000

El Tribunal de Cuentas (TC), a través del acuerdo 5.546, firmado el jueves pasado, dispuso una sanción de multa de $ 50.000 en contra del interventor de la Caja Popular de Ahorros (CPA), José César Díaz, por considerar que el funcionario ha “obstruido el desempeño de las funciones” del organismo de contralor, en el marco de una auditoría sobre el área de proveedores de la entidad crediticia. El TC también consignó que el abogado efectuó “reiteradas expresiones agraviantes” durante el proceso.

Díaz desmintió lo manifestado por el Tribunal de Cuentas (ver nota aparte), pero trámite que derivó en la sanción no ha finalizado.

El 5 de noviembre, a través del acuerdo 5.039, el organismo de contralor dispuso, mediante las firmas de Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), la apertura de auditoría en la Contaduría General de la Caja Popular de Ahorros, “específicamente en el área de Pago a Proveedores”. Además, fijó como plazo final el 28 de diciembre próximo para la elaboración del informe, con la presentación de un documento referido al avance de las tareas “con vencimiento el 1 de diciembre”, es decir, el sábado que pasó.

En ese acto, Terraf, Vidal y Díaz Ricci designaron como instructores a los contadores fiscales Horacio Heredia y Silvia Ruggeri de Sibaja, y dispusieron para ellos la colaboración de los contadores Osvaldo Escaño, Nicolás Viola, Benjamín Allori y los verificadores Juan José Espejo, Josefina Muntaner, Rodrigo Criado e Inés Palomares.

Dos semanas después, mediante el acuerdo 5.332, el Tribunal de Cuentas expresó una serie de requerimientos -como el pedido de documentación y la provisión de un espacio físico- formulados a la Caja para concretar el procedimiento administrativo. Y le dio dos días para que cumplimentara “en su totalidad” con lo planteado.

En este marco, el jueves fue dictado el acuerdo 5.546, donde -además de la multa- se declaró inadmisibles dos recursos de reconsideración que había interpuesto el interventor. Entre otros puntos, Díaz había recusado con causa a los contadores Herrera y Sibaja de Ruggeri. Al margen del curso que seguirá esta queja, el Tribunal de Cuentas indicó que “las expresiones vertidas por el funcionario” merecían “un párrafo aparte”. En ese sentido, el TC incluyó citas directas atribuidas al interventor, en las que se manifiestan “ilegalidades cometidas en perjuicio de la Caja Popular de Ahorros por parte de los funcionarios” del ente de contralor. Ante esas expresiones, el Tribunal de Cuentas efectuó una serie de consideraciones. Entre ellas, destacó que ese cuerpo goza de “idénticas prerrogativas que poseen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán”, y que en el marco de ese rol institucional tienen el “deber legal de resguardar” la investidura institucional “como órgano constitucional de control externo”. El Tribunal de Cuentas interpretó que se formuló “una agraviante imputación” por parte del interventor de la Caja, “atribuyendo un ejercicio de conductas ilegítimas, abusivas y arbitrarias” y “una grave acusación de tentativa de un delito de adulteración de un instrumento público”. Por ello, el organismo que preside Terraf recordó la obligatoriedad de los funcionarios públicos de denunciar posibles irregularidades. “Estas manifestaciones, expresadas de modo fehacientes por el interventor, deben ser comprendidas como imputaciones de carácter delictual en contra de los miembros y funcionarios del Tribunal de Cuentas”, remarcó el ente de control. Por fin, considerando la “gravedad de la conducta” de Díaz y la obstrucción al avance de la auditoría, se dispuso la multa de $ 50.000.