Pañuelos verdes y celestes se encontraron mientras le pedían explicaciones al Gobierno. Ayer al mediodía, en la plaza Independencia, manifestantes provida se reunieron en reacción al caso de la niña de 11 años que fue abusada y sometida a una cesárea. Al mismo tiempo, grupos a favor de la legalización del aborto marchaban desde la sede del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) hasta la puerta de la Casa de Gobierno, donde los policías habían improvisado una barrera para evitar conflictos. A pesar de las interpretaciones opuestas, los dos sectores coincidieron en atribuirle responsabilidad política al gobernador Juan Manzur y a la ministra de Salud, Rossana Chahla.
Las organizaciones feministas y de derechos humanos llevaban aerosoles. En la calle, frente al Siprosa, pintaron: “Niñas, no madres”. Exigían las renuncias de Chahla y del secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Gustavo Vigliocco.
Alejandra Arreguez, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y de la agrupación Pan y Rosas, consideró que el Gobierno obligó a la niña a dar a luz: “su situación habilitaba a que por un montón de causas se aplique la ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Han actuado con absoluta desidia, de manera premeditada, para forzar a esta niña a ser madre”.
Además del PTS, Pan y Rosas y otros grupos políticos, feministas y estudiantiles, en la movilización a favor de la ILE estuvieron las organizaciones de derechos humanos Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer). Fuentes de Andhes denunciaron que el Siprosa obstaculizó “desde el primer momento” la práctica legal, retrasó la posibilidad de un aborto y “sometió a tortura” a la niña. “Recién el lunes nos pudimos comunicar con la madre e intervinimos desde Andhes y Cladem. Nuestra presión hizo posible la cesárea, que era el único método por lo avanzado del embarazo. El Estado no da información sobre por qué no hizo la ILE”, reclamaron.
Entretanto, Aguerrez expresó el repudio de su sector hacia el Gobierno de Manzur. “Acá se está mostrando la verdadera cara del Partido Justicialista, del peronismo, y de todos los sectores que gobiernan la provincia, que se han ensañado con las mujeres. La Iglesia Católica tiene un búnker propio en la Legislatura, que se ha declarado provida en medio de la discusión por la legalización del aborto. Y ahora el Gobierno está torturando a una niña”, espetó.
Los activistas a favor de la ILE habían cuestionado al Gobierno al Siprosa. Cuando llegaron a la plaza Independencia, también acusaron a los manifestantes provida. “¡Torturadores!”, les cantaban.
Aunque las ofensas sólo se limitaron al plano verbal, la Policía separó a los manifestantes de uno y otro grupo. Los pañuelos verdes quedaron sobre la calle. En la vereda de la plaza, los pañuelos celestes rezaron el rosario.
Gabriel Muñoz, un referente provida, comentó que él y su grupo habían ido a la Casa de Gobierno a pedir explicaciones. “Venimos a preguntarle al señor Gobernador, que se ha declarado provida, por qué ha permitido esto desde el Ministerio de Salud. Nosotros queremos saber por qué a esta niña (por la neonata) no se le ha dado la posibilidad de continuar, en el vientre materno, la gestación como corresponde”, cuestionó Muñoz. El 5 de agosto de 2018, Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo estuvieron al frente de la marcha provincial en contra de la legalización del aborto.
Según relató Muñoz, el consejo profesional indicaba continuar con el embarazo: “los médicos recomendaron que no se hiciera la cesárea porque corrían riesgo las vidas de esa pequeña madre y, por supuesto, de la beba, que hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte al haber sido arrancada del vientre de su mamá”. Sin embargo, la médica Cecilia Ousset, que instrumentó la intervención, explicó después que si el embarazo se hubiera prolongado, la vida de la niña de 11 años habría corrido riesgo (se informa por separado).
Los manifestantes dejaron la plaza Independencia poco antes de las dos de la tarde. Mientras tanto, en el Hospital Eva Perón la siesta transcurría como la de cualquier otro día: madres e hijos eran atendidos en silencio en los consultorios ambulatorios. Lo único que perturbaba la tranquilidad era el llanto de un bebé en los pasillos.
Respaldo: médicos por la vida apoya al personal que se negó al proceedimiento.
Teresa Fagalde, integrante de Médicos por la Vida, señaló que la organización apoya a todo aquel “personal de la salud que se negó a someter a la niña de 11 años y a su hija a un procedimiento que puso en riesgo su salud”. Reclamaron con firmeza la protección de la niña y de la neonata y exigieron medidas públicas que “impidan la repetición de este accionar criminal”. Condenando el accionar “todos los que directa e indirectamente abusaron de la niña” subrayaron que el Estado debe poner en marcha “acciones que prevengan y supriman las traumáticas situaciones de abuso sexual”.