Por Álvaro José Aurane
24 Marzo 2019
REUTERS
La intervención del distrito Tucumán de la Unión Cívica Radical se ha completado. El juzgado nacional con competencia electoral a cargo de María Romilda Servini de Cubría certificó la validez de la medida dispuesta el martes pasado por la mesa directiva del comité nacional del radicalismo y dispuso la comunicación de la medida al Juzgado Federal con competencia electoral de Tucumán, a la Cámara Nacional Electoral y a la Dirección Nacional Electoral.
“Téngase presente la intervención dispuesta mediante el acta 316 de fecha 19 de marzo de 2019, respecto de la Unión Cívica Radical del distrito Tucumán, como así también la designación de José Francisco Argañaraz en carácter de interventor”, se lee en la constancia firmada por la magistrada y por el secretario electoral Martín Rosendo Seguí.
La certificación detalla, además, que el radicalismo provincial permanecerá intervenido hasta el 31 de marzo del año que viene.
En el trámite de ese expediente, además, aparecen los oficios librados al juez federal de Tucumán con competencia electoral, Daniel Bejas; al secretario de la Cámara Nacional Electoral, Hernán Gonçalves Figueiredo; y al director nacional electoral, Rodrigo Conte Grand.
El remedio nacional pone fin a una historia de fracasadas elecciones internas, atravesadas por denuncias de irregularidades, que se remontan al año pasado.
Originalmente, los “correligionarios” debían votar en septiembre la renovación de las autoridades de su partido, presidido entonces por el actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concepción, Julio César Herrera. Sin embargo, los legisladores Ariel García, Fernando Valdez y Raúl Albarracín denunciaron entonces que los padrones para la primaria no habían sido actualizados y dejaban afuera a 4.000 nuevos afiliados. La Justicia Federal les dio la razón, el proceso fue frenado y la votación fue postergada para octubre.
Durante ese mes tampoco se votó y caducaron los mandatos de las autoridades tucumanas del centenario partido. La carta orgánica radical prevé que en ese caso la agrupación no deviene acéfala sino que queda a cargo del presidente de la convención provincial (en este caso, Federico Romano Norri) “al solo efecto” de llamar a internas para regularizar la situación.
En enero, Romano Norri llamó a los afiliados a votar el próximo domingo 31. Sin embargo, el Gobierno tucumano dispuso en febrero que se anticiparan las elecciones generales para el 9 de junio. Luego, la Junta Electoral Provincial estableció que el plazo para inscribir alianzas electorales vencerá el próximo viernes. Es decir, dos días antes de que los radicales votasen nuevas autoridades.
En nombre de este desfase, el comité nacional de la UCR sostuvo que debía intervenirse el distrito porque existía “la imposibilidad material de tener autoridades partidarias elegidas, legitimadas y con plenas facultades para autorizar la conformación de frentes electorales (...) haciendo peligrar la participación de la UCR en los comicios”.
La intervención posterga las internas para después de las elecciones nacionales y provinciales.
La cuestión aún puede judicializarse. La línea interna que presentó la Lista Roja (la componen, además de los citados legisladores, la diputada Teresita Villavicencio y el intendente de Bella Vista Sebastián Salazar) se reivindica como la única nómina inscripta en tiempo y forma para las primarias y reclamó su proclamación, pretensión rechazada por la junta electoral de la UCR. Y aduce que, contra los argumentos de la intervención, la UCR no firmó la conformación del Frente Vamos Tucumán, pese a lo cual sí participará de los comicios del 9 de junio. La apoderada de la Lista Roja, Libia Neme, sostuvo que, entonces, se trató de una medida proscriptiva y antidemocrática contra una línea interna.
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