La Ley de Protección Integral de los Derechos de la Familia, de las Niñas, de los Niños y de los Adolescentes aguarda desde junio de 2010 que el Gobierno provincial la reglamente. El Colegio de Abogados de la Capital recordó la existencia de esa obligación al gobernador Juan Manzur mediante la remisión de una nota firmada por el presidente Marcelo Billone y el protesorero Hugo Mariano Danesi. En una misiva separada del mismo jueves 11 de abril dirigida a Washington Navarro Dávila, ministro público de la Defensa, Billone y el secretario Guillermo Arévalo reiteraron el pedido de acceso a la resolución de creación de “un cuerpo de abogados del niño”. Al respecto, los dirigentes advirtieron a Navarro Dávila que podría haber un “conflicto de intereses”.
La Ley 8.293 otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días a partir de la promulgación para dictar el reglamento. “Este término ha vencido largamente puesto que la norma fue sancionada y promulgada en junio de 2010 (durante el Gobierno de José Alperovich)”, comunicaron a Manzur los abogados Billone y Danesi. La reglamentación debe procurar la efectividad real de la gama amplia de derechos reconocidos a los niños y adolescentes. Los representantes de la entidad intermedia afirmaron que el cumplimiento de esta obligación estaba vinculada a la observancia de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
En la nota enviada a Navarro Dávila, los remitentes recordaron que venían bregando para que la Legislatura provincial sancione una Ley de Creación del Registro de Abogados Especializados en Niñez y Adolescencia. Según Billone y Arévalo, la decisión del ministro de la Defensa de armar un cuerpo de abogados del niño por medio de una resolución había dado lugar a una audiencia con su titular. Los abogados dijeron que en esa instancia Navarro Dávila se comprometió a entregar una copia del instrumento. Billone dijo ayer a LA GACETA que ello aún no había ocurrido.