Desavenencia entre una jueza y un fiscal

La jueza de Instrucción en lo Penal N° 5, Carolina Ballesteros, y el titular de la Fiscalía en lo Criminal I, Claudio Bonari, confrontaron ayer distintas medidas procesales por el futuro de una causa de hurto agravado, que involucra a un agente de la Policía de la provincia. Ambos funcionarios judiciales acentuaron una disputa por el caso, que data de 2017, con un aviso de un posible allanamiento para obtener el expediente por parte de la magistrada, y de la presentación de una recusación por el “temor de parcialidad y por prejuzgamiento”, por el lado del instructor.

La pelea procesal tomó trascendencia con la custodia de un grupo de efectivos policiales en la puerta de la unidad fiscal, en tribunales de avenida Sarmiento al 400, para “evitar cualquier medida ilegal que violente el orden institucional y el sistema democrático”, según explicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF). Se supo que el propio fiscal habría solicitado la presencia del personal de la fuerza de seguridad local.

Es que la jueza Ballesteros había enviado durante la jornada un oficio al instructor para que remitiera el expediente en un lapso de seis horas. La magistrada había concretado esa medida, al considerar que se habían cumplido al parecer los plazos de la investigación y de un planteo del imputado, que está bajo sospecha de haber sustraído un arma reglamentaria de un depósito oficial.

Ballesteros expresó ayer a LA GACETA que había intimado al funcionario para que enviara la causa, “bajo apercibimiento de disponer un probable allanamiento, el secuestro del expediente y una multa”, con base en el artículo 138 del Código Procesal.

La petición de la jueza se cumplió a las 19.30, pero hasta el cierre de esta edición no se había ordenado ningún procedimiento adentro de la Fiscalía en lo Criminal I. Una versión fue que la medida podría haber sido efectuada hasta por agentes de una de las fuerzas federales con sede en la provincia. En el lugar, el equipo fiscal del turno tarde llevó adelante sus tareas con normalidad.

“La magistrada ha sido recusada por temor de parcialidad y prejuzgamiento, por tener en el sistema informático un proyecto de sobreseimiento antes de que la fiscalía formulara el requerimiento. Por eso, se resiste toda orden judicial ilegal y arbitraria que violente el orden institucional y el sistema democrático”, explicó una fuente oficial cercana a esa unidad judicial.

La misma fuente adelantó que Bonari podría realizar algunos planteos, entre ellos, denuncias contra Ballesteros ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia (CSJT) y el Ministerio Público Fiscal.

El planteo del funcionario sería que la etapa de instrucción no ha concluido y que aún mantiene abierta la investigación para sumar nuevas pruebas en contra del policía.

De acuerdo a la información oficial, la causa se inició en 2017 ante la denuncia de hurto de una arma de fuego perteneciente a la fuerza. En el marco del proceso, el fiscal dispuso la detención del uniformado, al reunir indicios que involucraban al sospechoso.

Los investigadores señalaron, según una de las hipótesis iniciales, al policía como posible autor de la sustracción, pero no pudieron confirmar el destino de esa herramienta. El arma fue recuperada luego.

Ante ello, el sospechoso solicitó de manera reiterada a la Fiscalía y al Juzgado su sobreseimiento de la causa, debido a que no se acreditaba la comisión del delito, entre otros fundamentos.