Las marchas y contramarchas de la Justicia

Es una de las frases más repetidas. “Entran por una puerta y salen por la otra” se escucha decir a diario no solo por los ciudadanos, especialmente a aquellos que han sido víctimas de un episodio delictivo, sino también a jefes policiales y funcionarios del gobierno. En estos días, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer un fallo por el cual personas acusadas de robo, homicidio y abuso sexual, liberadas en octubre pasado, podrían volver a ser detenidas.

En 2018, la Cámara de Apelaciones comenzó a declarar nulas las prisiones preventivas que se habían dictado en contra de 92 personas, pero ahora el máximo tribunal provincial acaba de revocar la resolución, dejando abierta la puerta a los fiscales para que soliciten nuevamente que sean arrestados.

Por ejemplo, una pareja acusada de asaltar y lesionar a una mujer fue procesada y un juez de instrucción les dictó prisión preventiva durante un año. Sus defensores apelaron el fallo y un vocal de la Cámara de Apelaciones hizo lugar a su petición, declaró nulo el acto por el que habían sido arrestados y devolvió el expediente a los juzgados para que les otorgaran la libertad, previo a que cumplieran condiciones, como fijar caución real y estar obligados a presentarse en Tribunales por lo menos una vez al mes. Los imputados por robo agravado esperaban ser enjuiciados por este asunto.

A su vez el fiscal de la Cámara de Apelaciones apeló los fallos y formuló 93 planteos ante la Corte para fueran analizados. Esta le dio la razón al magistrado y ahora la Justicia deberá analizar si a los imputados que fueron liberados se les venció el plazo de la prisión preventiva. Si está vigente, deberán solicitar su detención.

Se cita el caso de un hombre acusado de abusar de su hija discapacitada en el que la Justicia pidió que permaneciera encerrado hasta la realización del juicio. El hermano de la víctima lo había filmado en plena concreción de la agresión sexual; sin embargo, la Cámara de Apelaciones resolvió que quedara libre.

Otro ejemplo es del preso que denunció a guardiacárceles porque lo obligaban a vender drogas en el penal de Villa Urquiza, y fue asesinado. Una magistrada logró que se acusara del crimen a una persona y de incumplimiento a los deberes de funcionario público a un ex director de Institutos Penales, y como partícipes necesarios del crimen a los policías.

A los dos últimos les dictaron la prisión preventiva, pero luego la medida fue revocada por la Cámara de Apelaciones, luego de que estos hubiesen estado detenidos poco más de seis meses.

La sociedad está muy amedrentada por el avance del delito hasta el punto de sentirse a menudo desprotegida. En cualquier lugar el ciudadano puede ser blanco de los delincuentes, especialmente de los motoarrebatadores. No sin indignación observa cómo muchos de estos sujetos son liberados a los pocos días de haber cometido una acción contraria a la ley.

El nuevo Código Procesal Penal, sancionado en 2016, que busca que los procesos sean más rápidos a través de la incorporación de tecnología, comenzó a aplicarse recién en los Tribunales de Concepción a comienzos de mayo pasado.

Las diferencias entre los magistrados acerca de la interpretación de un delito, la excesiva burocracia, las sospechas de corrupción que siempre sobrevuelan el ámbito tribunalicio, generan una razonable incertidumbre en la comunidad.

Las marchas y contramarchas de la Justicia tucumana como las que comentamos, minan su credibilidad en la ciudadanía.