Daniel Posse: “hay que designar por concurso al personal de la Justicia de Paz”

La presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán de a poco recupera su rutina después de un primer semestre dedicado casi por completo a la organización de las elecciones. La fila para hablar con el vocal Daniel Posse fue larga el miércoles, lo mismo que el cúmulo de cuestiones judiciales que aguardaban su atención. Pero el jefe del alto tribunal lucía de buen humor y no ocultaba el alivio que le provoca haber superado la prueba que implica conducir un proceso electoral en la provincia después del crac de 2015. Tal vez envalentonado por esa experiencia, Posse se animó a imaginar una reforma de fondo que saque adelante a la golpeada Justicia de Paz. Y admite la necesidad de profesionalizarla. “Hay que designar por concurso al personal. Tenemos que avanzar en ese sentido”, afirmó sin dar vueltas.

El concurso debería ser aplicado por partida doble, según el jefe del alto tribunal. En primer lugar, para la preselección de jueces con competencia en múltiples fueros que puedan satisfacer las necesidades jurídicas de las poblaciones rurales. Sucede que el Poder Ejecutivo todavía dispone de la facultad para cubrir los juzgados de Paz en forma discrecional (la decisión luego debe recibir el visto bueno de la Corte). Aunque una ley estableció la Justicia de Paz Letrada en 2004, un resquicio normativo permitió al Gobierno seguir nombrando funcionarios legos -sin título de abogado-. Pese a todas estas facilidades, la última designación data de 2013 y más de un tercio de los despachos está acéfalo.

Así como el gobernador sigue disponiendo de la facultad para llenar a dedo los juzgados de Paz aunque desde hace una década funcionan los concursos del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) para cubrir los despachos de los Tribunales ordinarios, la Corte mantiene las atribuciones para nombrar discrecionalmente empleados y funcionarios de las oficinas ubicadas en el interior de la provincia. La mayor parte del personal de los centros judiciales, en cambio, ingresa por concurso -salvo, por ejemplo, ordenanzas, relatores y colaboradores de confianza de los vocales- y se supone que los méritos determinan los ascensos.

Las acefalías, desventajas y dificultades de control de la Justicia de Paz este semestre la llevaron a una situación inédita: cuatro de sus integrantes afrontan pedidos de destitución, tres de ellos (José Luis Guerra, Josefina Penna y Juan Cipriani) por su participación en casamientos fuera de la provincia. El cuarto, Lídoro Alberto Macedo, fue acusado por la propia Corte como consecuencia de una variedad de irregularidades que incluyen distintas denuncias de violencia de género. A eso se suma la exposición de la caja de los matrimonios a domicilio, que suponen para los jueces de Paz un ingreso adicional a su retribución oficial. A este escenario plagado de cuestionamientos, Posse opone una mirada optimista que observa la oportunidad de modernizar la institución, una tarea postergada durante décadas.

-En su etapa de dedicación “full life” a la Junta Electoral estalló una crisis en la Justicia de Paz...

-Venimos trabajando desde hace mucho en eso. El Colegio de Abogados (de la Capital) pidió que armemos una comisión conjunta para hacer una reforma estructural. Nosotros tenemos un trabajo sobre la Justicia de Paz donde hemos analizado el funcionamiento de 30 despachos. Vamos a convocar al Colegio para que conozca la información. ¿Qué creo yo? Podemos ir generando parches, y de hecho hicimos un cambio profundo y serio cuando armamos la Superintendencia de los Juzgados de Paz. Las demás son medidas más bien simbólicas, como la bancarización del manejo del dinero destinado a los bonos de movilidad. Entiendo que en el corto plazo habrá una regulación de los casamientos a domicilio: no sé si por medio de una acordada o directamente a partir de una ley promovida por el Poder Ejecutivo. Nosotros venimos gestionando un proyecto específico con el Ministerio de Gobierno y de Justicia, pero el cambio de fondo de los juzgados de Paz requiere de una reforma legislativa.

-¿Esa transformación instalará definitivamente el modelo letrado existente en la teoría desde hace 15 años? (N. de la R.: sólo seis de los 72 despachos aplican este paradigma)

-Creo que hay que mirar bien: a lo mejor en algunos lugares hacen falta jueces de Paz legos a la antigua usanza porque son chicos o periféricos, y otros lugares necesiten juzgados multifuero y no de Paz. Esto implicaría un avance institucional más intenso. Pienso, por ejemplo, en Famaillá, y en la posibilidad de que haya allí una sede judicial para atender casos de menor cuantía y de violencia doméstica. Estoy seguro de que hace falta una enmienda normativa que revise el mapa provincial y establezca diferentes tipos de oficinas en función de las demandas de la población.

-¿Esa modificación legal qué debería hacer en cuanto al esquema de designación, que sigue dependiendo de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo avalada por la Corte Suprema?

-Hay que designar a los jueces de Paz letrados por medio de los concursos del CAM. También es verdad que corresponde cambiar lo relativo al acuerdo del nombramiento del Poder Ejecutivo: hoy está en manos de la Corte, pero debería ser una incumbencia de la Legislatura.

-Algo que usted y sus pares pueden hacer por su cuenta, sin necesidad de la sanción de una ley, es concursar los cargos de empleados y de funcionarios de la Justicia de Paz, como ya lo hacen para los Tribunales ordinarios. ¿Están dispuestos a dar el paso de abandonar esta potestad discrecional?

-Sí, creo que hay que avanzar en ese sentido.

-Hemos conversado muchas veces sobre el mal estado y el atraso de esta institución. ¿Considera que en este ciclo político existe la voluntad necesaria para frenar el deterioro?

-Ayer (por el martes) hablé de nuevo con (el gobernador Juan) Manzur por el tema de los jueces de Paz. Le pedí por favor que lo resolvamos. Uno no sabe en qué están pensando... Lo que es prioritario para mí, para ellos puede estar en décimo término, pero, bueno, vamos a insistir.