La violencia de género y las deudas pendientes

Siempre existió, pero se mantenía en la trastienda o era aceptada como si fuese algo natural. Merced a que las víctimas se fueron animando a denunciarla venciendo los miedos, desde hace pocos años, la violencia de género ha comenzado a salir a la luz y se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales en nuestro país y en Tucumán.

El lunes, el Observatorio Tucumán de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) divulgó datos de su último Registro Nacional de Femicidios, en el que se consigna que entre enero y julio de este año se registraron ocho casos en Tucumán, lo que equivale a un 33% respecto del mismo período de 2018, en el que se hubo 12 casos.

Referentes de esa entidad dijeron que hubo algunos avances como la apertura de fiscalías especializadas, pero por otro lado, criticaron a la Justicia por su lentitud. “Necesitamos que se apliquen medidas urgentes y que una mujer no espere la oficialización de un dictamen judicial. A eso se suma que no se hace un seguimiento del cumplimiento de esos dictámenes, como las órdenes de restricción de acercamiento”, afirmó la responsable de esa organización.

Denunció casos de mujeres que no consiguieron respuestas inmediatas en organismos públicos, como el Observatorio de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial o las comisarías y en consecuencia, las víctimas debieron volver a su casa para seguir conviviendo con el agresor.

Según este último reporte, seis víctimas tenían entre 19 y 40 años; los ataques fueron efectuados por la pareja o la ex pareja, tres mujeres murieron en la vivienda que compartían; y tres femicidas se suicidaron. La dirigente indicó que el 45% de las mujeres asesinadas en el ámbito nacional compartía el hogar con el agresor. “Por eso, el lugar donde viven es el más peligroso. No hay refugios para sacarla por un tiempo transitorio y donde se pueda hacer un abordaje integral para que la mujer restablezca su vida. Todo queda en el esfuerzo de la víctima y de su familia”, manifestó.

El Estado continúa en mora en muchos aspectos con este asunto tan delicado y esencial de los derechos humanos. Por ejemplo, seis de las víctimas fueron asesinadas en el interior de la provincia, donde no hay organismos a los cuales puedan acudir; en muchos pueblos, el personal policial no está lo suficientemente capacitado para tomar las denuncias o contener a las víctimas. De manera que el desamparo es prácticamente total fuera de la capital.

La Ley 8.981 establece que el Estado deberá crear e implementar en el territorio de la provincia espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas en casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física y psicológica.

Nos parece que la educación es el punto de partida fundamental para combatir este flagelo y debería formar parte de una política que contemple un trabajo de asistencia social y salud mental con víctimas y victimarios. Hasta ahora, ninguno de los aspirantes a cargos electivos en la elección del 9 de junio pasado ni en las próximas ha manifestado interés por ocuparse de esta grave problemática social. Es hora de dejar de mirar para otro lado y de enfrentar la violencia de género con compromiso y decisión.

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