Máximo blindaje para un juez de Paz

La Justicia de Paz de “Trucumán” exhibe una marca nueva en el retroceso que transita desde hace décadas con una convicción asombrosa. El hito provino de otro ámbito célebre por sus deméritos: la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Por primera vez en una pila de años, los legisladores desecharon una denuncia contra un juez de Paz procedente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. El gesto implica que la división de poderes funciona -y a niveles primermundistas- cuando el oficialismo así lo quiere, no importa que sea la propia cabeza de los Tribunales la que diga que un juez de Paz ha incurrido en mal desempeño de sus funciones.

El blindaje superlativo benefició a Lídoro Alberto Macedo, quien debía prestar servicios en San Pablo, pero, por sus conflictos, terminó en la oficina de Tacanas (Leales): la Corte lo había trasladado a ese puesto periférico al ordenar la apertura del sumario administrativo en 2017. En el mundillo tribunalicio Macedo es conocido como el medio hermano de Eudoro Albo, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. Al igual que la mayoría de los jueces de Paz en funciones, este “pariente” materializa el nepotismo que desde siempre rigió la cobertura de vacantes en la institución, cargos esenciales para el goce de derechos en las zonas rurales que, con excepciones y variantes, las autoridades convirtieron en “becas” vitalicias.

Tras superar presiones inmensas -justamente por lo que implica, hacia adentro de la casa, investigar a un integrante de la familia judicial-, los vocales Daniel Posse y Claudia Sbdar, y el camarista civil Alberto Acosta expusieron en la Acordada 779/19 del 21 de junio que Macedo no había dejado falta sin cometer. El instrumento detalla desde sanciones previas e inasistencias injustificadas hasta anomalías abundantes en la confección de actas de nacimiento, matrimonio y fallecimiento, y transgresiones al deber de cuidado de los libros del Registro Civil. El alto tribunal añadió que Raúl Aguilar, el juez de Paz suplente de San Pablo, había advertido que Macedo seguía usando el sello de ese despacho pese a su traslado a Tacanas. Aguilar relató que, por ello, a menudo se presentaban en su oficina ciudadanos que pretendían extraer copias de actas que no figuraban en los libros. Esta anomalía incluso sucedió con casamientos a domicilio que otorgaban a Macedo, como al resto de sus colegas, un ingreso adicional e informal a los salarios oficiales superiores a los $ 150.000.

La denuncia de la Corte contra el juez de Paz incluye la constatación de que la Justicia había prohibido a este acercarse a su hija y a la madre de aquella, y la violación de la restricción de contacto dictada por supuestas amenazas de muerte. La Acordada 779/19 menciona que Macedo había faltado a las audiencias convocadas por el fuero penal con motivo de causas radicadas en las fiscalías de Adriana Giannoni, Carlos Albaca y Guillermo Herrera (estos dos últimos fiscales, ya jubilados). Ninguno de estos procesos penales por presuntos actos de violencia de género prosperó. Otra denuncia que el abogado Gustavo Morales y Mario Vittar, agente de la Junta Electoral, presentaron en la comisión de Juicio Político días antes de que ingresara la de la Corte, atribuye la “impunidad” de Macedo a la cercanía existente entre Albo, los fiscales mencionados y el jefe de estos, Edmundo Jiménez.

Toda prueba y toda sospecha resultaron insuficientes para el mismo oficialismo que, en virtud de otra iniciativa del alto tribunal, echó a dos jueces de Paz, Pedro Antonio Núñez (Los Gómez) y José Solano Lazarte (Alto de Anfama), en mayo de 2018 por haber otorgado poderes irregulares de disposición de bienes. El jueves, el comité encabezado por el justicialista Zacarías Khoder -hoy de gira estadounidense con el gobernador Juan Manzur- consideró que no había motivos para someter el caso de Macedo ante el Jurado de Enjuiciamiento. A los legisladores peronistas Khoder, Nancy Bulacio, Cristhian Rodríguez, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, Reneé Ramírez, Sara Assán, José Gutiérrez y Norma Reyes Elías se sumó el macrista Alberto Colombres Garmendia. Sólo el radical Eudoro Aráoz se opuso a descartar las acusaciones.

La mayoría cerró el procedimiento con el argumento de que Macedo gozaba de la presunción de inocencia debido a que ningún tribunal lo había condenado. Otra vez la ineficacia del sistema judicial para esclarecer posibles delitos fue eficaz para garantizar la continuidad de los funcionarios impugnados. Los legisladores desdeñaron las demás anomalías como “detalles” que no justificaban una destitución y -¡atención!- mandaron a la Corte a sancionar, con sus propias herramientas disciplinarias, las irregularidades que aquella había identificado. El absurdo rompió, así, un récord macondiano. El alto tribunal había informado a la comisión legislativa que ya había castigado a Macedo y que, dada la reiteración de los excesos, no tenía más alternativa que peticionar su separación del cargo. Esa última opción habría dejado de existir: la imaginación no alcanza a conjeturar qué debería hacer Macedo para merecer la destitución.

Al archivar las denuncias, los miembros de la comisión de Juicio Político afirmaron que debían ser prudentes para evitar que el ejercicio abusivo de la promoción del saneamiento de la Justicia derivara en la alteración del equilibrio de poderes. Esa “manifestación de principios” acaeció en la misma reunión en la que resolvieron prolongar un tiempito la amenaza del despido sobre Ebe López Piossek, la camarista en lo Contencioso Administrativo que el legislador oficialista Eduardo Bourlé denunció por hacer su trabajo: poner límites al Estado. Mientras aquello ya se había visto antes, lo de la Justicia de Paz es novedoso. Si la Corte perdió entidad como denunciante, ¿quién la tiene? Un príncipe del foro, turbado, meditaba que se quebró un código que funcionaba como válvula de escape y que quedó más lejos la posibilidad de dirimir las acusaciones en un proceso transparente. Son tribulaciones quizá baladíes para una institucionalidad que corrobora aquella idea de que desde que se inventó la pala, siempre es factible descender un poco más.