Manzur dijo que va a "estudiar" el nuevo protocolo de abortos no punibles

El gobernador aseguró que los abortos no punibles se realizan en la provincia acorde a las leyes vigentes. Aseguró que su gestión lucha por los derechos de las mujeres.

FIN DE AÑO. Manzur llegó de Buenos Aires y participó del acto de cierre lectivo en el teatro Mercedes Sosa. la gaceta / foto de hector peralta FIN DE AÑO. Manzur llegó de Buenos Aires y participó del acto de cierre lectivo en el teatro Mercedes Sosa. la gaceta / foto de hector peralta
14 Diciembre 2019

El gobernador Juan Manzur aseguró que la provincia estudiará el nuevo protocolo para abortos no punibles firmado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para definir su adhesión, aunque aclaró que la normativa que autoriza las Interrupciones Legales de Embarazo (ILE), que tiene casi 100 años de vigencia, se aplica en los centros de salud provinciales.

“Lo vamos a leer, lo vamos a estudiar (al protocolo). Esto ya está previsto en la ley para las mujeres que son violadas o corre riesgo la vida de la madre; en todo este tipo de situaciones ya está previsto la interrupción del embarazo. No hay nada nuevo, de todos modos lo vamos a ver, si está dentro de lo que estaba previsto en la ley, lo vamos a analizar”, expresó el gobernador ante una consulta de LA GACETA luego de participar del acto por el cierre del ciclo lectivo 2019, a cargo d el ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer.

¿Cuándo se tomará la decisión?, le repreguntó este diario: “bueno pero está previsto en la ley, no hay nada nuevo. La provincia respeta todo lo que es la mujer violada, cuando está en riesgo la vida de la madre; todo eso se respeta. Está previsto en la ley y no hay nada nuevo. Se aplica”, insistió el mandatario provincial. ¿Independientemente de que la Provincia haya sido declarada ‘pro vida’?, le insistió este diario. “Lógico. Pero en los casos en los que esté en riesgo la vida de la madre o la mujer fue violada, eso (por la interrupción del embarazo) está previsto en la ley”, respondió.

Manzur aclaró que el protocolo de ILE establece una guía para operativizar el acceso al derecho de interrumpir el embarazo a las personas gestantes amparado en tres causales, como prevé la legislación desde 1921: riesgo de vida para la persona gestante, riesgos de salud y cuando el embarazo haya sido producto de una violación. Marcó la distinción con el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, discutido el año pasado en el Congreso y que fue rechazado en el Senado, con el que él públicamente se manifestó en contra, declarándose “provida” y participando en marchas en contra del proyecto que ampliaba la posibilidad de interrupción de embarazos. Cuando anunció el nuevo protocolo, González García afirmó que “no es más que una guía sanitaria para el personal” médico involucrado en esas prácticas, que ya están consagradas en el Código Penal desde 1921.

¿Cómo toma las declaraciones de González García, que cuando asumió aseguró que era un ministerio verde -por el color de la campaña por el aborto legal- y que lucharía por los derechos de las mujeres?, se le consultó a Manzur: “todos vamos a luchar por los derechos de las mujeres en lo que hace a generar equidad. Obviamente desterrar la violencia contra las mujeres, que es parte de lo que hemos hecho siempre. Cuenten con Tucumán”, respondió.

Que es una ILE

Se llama Interrupción Legal de Embarazo (ILE) a los abortos no punibles. Se habilitan por una ley que incorporó la figura en el Código Penal como casos no punibles en 1921. Un fallo de la Corte de la Nación lo ratificó en 2012.

Cuando se aplica

Tres casos habilitan una ILE: cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la persona gestante; cuando representa un peligro para la salud de la persona gestante; y si el embarazo proviene de una violación.

Nuevo orden

El nuevo protocolo de la Nación actualiza pasos para dar cumplimiento a la solicitud de ILE. Busca garantizar la celeridad del proceso: no puede demorar más de 10 días desde que se solicitó un aborto no punible.

Objeciones

El protocolo prevé que trabajadores de la salud puedan declararse objetores de conciencia, pero no pueden hacerlo las instituciones. Los servicios de salud deben garantizar las prácticas de ILE, expresa el documento.

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