Por la deuda, Economía busca asesoramiento

El área que conduce el ministro Martín Guzmán convoca a bancos y a agentes financieros para que presenten sus ofertas para elaborar la propuesta de reestructuración que se lanzará en marzo.

EL DATO. Según una consultora, Guzmán seguirá los principios de la Organización de Naciones Unidas para reestructurar la deuda pública. EL DATO. Según una consultora, Guzmán seguirá los principios de la Organización de Naciones Unidas para reestructurar la deuda pública.
04 Febrero 2020

El Ministerio de Economía convocará a lo largo de esta semana a bancos y agentes financieros para que presenten sus ofertas por los trabajos de asesoramiento en la elaboración de la propuesta de reestructuración de la deuda, la cual se lanzará en la segunda semana de marzo próximo.

Así lo establece el cronograma de la Unidad de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, que señaló que se realizará la invitación formal a agentes de información, asesores financieros y bancos colocadores o agentes de distribución durante esta semana, si bien no precisó la fecha.

Esto ocurrirá en sintonía con el tratamiento que el Senado le dará al proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados.

En tanto, para mañana está previsto que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reúna con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el Vaticano. La semana siguiente comenzará el proceso de selección de agentes de información a partir de las propuestas recibidas, y se suscribirá la Carta de Contratación con quien resulte elegido. En esos días, entre el 12 y el 14 de febrero, el Gobierno recibirá a una Misión del FMI; y por su parte, Guzmán presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública en el Congreso.

Para comienzos de marzo, se determinará la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa, y se abrirá una instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los agentes de distribución.

En la segunda semana de ese mes se hará el lanzamiento oficial de la oferta, y habrá reuniones informativas sobre la propuesta, a través de lo que se denomina “roadshow”, probablemente en los Estados Unidos y Europa. Durante la segunda quincena de marzo expirará el período de aceptación de la oferta; luego se anunciarán los resultados de la misma, y se iniciará la preparación de la documentación necesaria para ejecutarla.

Con principios de la ONU

La Argentina lanzó un cronograma para reestructurar la deuda pública que apela a la buena fe de acreedores y deudores y que se rige por los principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Hace casi cinco años, la Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 una resolución por la que establece principios básicos a tener en cuenta en procesos de reestructuración de deuda soberana y subrayó que acreedores y deudores deben actuar de “buena fe” y cooperar para llegar a un acuerdo consensuado.

La resolución, promovida por la Argentina, fue respaldada por el Grupo de los 77 más China, obtuvo 136 votos a favor, seis votaron en contra y 41 se abstuvieron.

El texto incluye nueve principios, entre ellos el de que un Estado soberano tiene derecho a elaborar su política macroeconómica, incluida la reestructuración de su deuda. Precisamente, durante la votación participaron el ex canciller Hector Timerman y el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien como ministro de Economía había opinado que estos principios “de mayoría” serían de utilidad para otros países pero no para la Argentina.

Kicillof explicó que Argentina había llegado tarde a ellos, ya que para entonces el país tenía un 7% de remanente de deuda en default del 2001 (casi U$S 7.000 millones nominales) y se encontraba litigando hacía 14 años en los tribunales de Nueva York contra los fondos buitre. Luego, el ex presidente Mauricio Macri cerró un acuerdo que casi triplicó lo adeudado con los fondos litigantes, y quedó sólo el 1% de la deuda en default, de los U$S 315.000 millones.

Cuatro años después, y con una economía estancada, es el turno del gobierno de Alberto Fernández para reestructurar la deuda nuevamente. Ayer comenzó el proceso de una operación que en total demandará dos meses, según el cronograma divulgado la semana pasada, y que por lo tanto culminaría a fines de marzo, si prevalece la buena fe entre las partes, justo antes del fin del último trimestre, cuando comienzan a correr los vencimientos de la Nación.

Los privados calculan que la Argentina debería pagar U$S 26.000 millones en el segundo trimestre, de no mediar los canjes y reestructuraciones en danza. El texto de Naciones Unidas señala también que acreedores y deudores deben llevar a cabo negociaciones constructivas con el propósito de concluir el proceso de reestructuración lo antes posible y con transparencia.

La resolución establece además que los estados no deben discriminar entre los acreedores y alude a la inmunidad de un Estado frente a tribunales extranjeros en estos procesos.

Aquí, vale la pena destacar al FMI, un actor clave de este proceso, el mayor acreedor de la Argentina, con una deuda que se aproxima a los U$S 44.000 millones.

El Fondo estará presente en el país, la semana del 12 de febrero cuando Guzmán presente el plan de sostenibilidad de la deuda, el famoso programa que miran los inversores para creerle a la Argentina que esta vez podrá pagar la cuenta.

Un respaldo del FMI sería “muy positivo” para la Argentina, apuntó la consultora internacional Torino Economics en una nota enviada ayer a sus clientes que recogió Bloomberg. La resolución de la ONU en cuestión incluye también un principio de sostenibilidad y aboga por que los procesos de reestructuración se completen a tiempo y con eficacia, de manera que no pongan en peligro la estabilidad de los países deudores y eso contribuya a un crecimiento económico inclusivo y a la estabilidad del sistema financiero internacional. Además, establece que los acuerdos aprobados por una mayoría cualificada de acreedores no deben ser afectados, perjudicados u obstaculizados por otros estados o una minoría de acreedores no representativa, que deben respetar la decisión de la mayoría.

Uno de los economistas que más apoyó esta iniciativa por entonces fue el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, mentor y ex jefe de Guzmán en la Universidad de Columbia. Los analistas económicos comenzaron a reconocer los pasos de Guzmán en este sentido. “La prioridad del ministro de Economía argentino parece ser estimular el crecimiento de la economía y la capacidad exportadora de Argentina para obtener los ingresos que le permitirán a la nación recuperar la capacidad de pago de sus deudas”, expresó Torino. (Télam)

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