11 Abril 2020
MEDIDA. Los guardias están obligados a denunciar los incumplimientos.
“Venimos coordinando telefónicamente actividades con la Policía y la Justicia desde antes de que lo disponga la Provincia. Todos los directores de las agencias asociadas estamos en constante contacto con las autoridades”, señaló el comisario retirado Víctor Aráoz, quien preside a la Cámara que nuclea a las empresas de seguridad privada.
“Se comunica cualquier transgresión a la norma dictada por la Nación. Por eso todo nuestro personal registrado, desde el principio, notifica cada situación a la comisión directiva para que se les dé intervención a las autoridades correspondientes”, reiteró.
Detalló que los guardias de seguridad privada recibieron una circular de manera oficial para la disposición de control, por parte de la Fiscalía de Salud Pública de turno, a cargo de Carlos Picón.
Con respecto al altercado ocurrido con un médico que circulaba en bicicleta y pretendía ingresar a un country de Yerba Buena, el comisario aclaró: “no hemos tenido reclamos de ningún residente del country, y entiendo que esto pasa porque existe un diálogo cordial y constante entre el personal de seguridad y los clientes. Por eso no tenemos aviso de que algún vecino haya mostrado su malestar con lo sucedido”.
Por otro lado indicó: “entiendo que en ese country trabaja una agencia asociada a la Cámara, por lo que el personal de seguridad que actuó en ese caso debe haber procedido como indica el protocolo, notificando a la Justicia para que tome las medidas correspondientes. Desde el gobernador para abajo, todos tenemos una responsabilidad y la obligación de cumplir con la cuarentena”.
Con respecto al servicio de seguridad de los consorcios, Araóz explicó que la situación es otra. “El caso de los edificios es diferente. Más del 80%, si no son todas las torres, contrata a agencias irregulares que emplean a personas informales que no sé a quiénes responden. Esto es algo corroborable. No sé cómo están trabajando; son personas que uno no conoce, que no se sabe dónde residen, pero seguramente existe un organismo que los controla”, dijo.
Aráoz hizo hincapié sobre ese caso. “El tema de los servicios ilegales es algo que está pendiente desde hace años. Es, entre otras cosas, una enfermedad a la economía de la provincia. Quienes organizan estos servicios clandestinos se aprovechan de personas necesitadas para conseguir sus ganancias, se sirven de la pobreza de la gente para funcionar y luego no les dan obra social ni beneficios para sus funciones”, dijo.
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