11 Mayo 2020
OFICIALISTA. Morelli es presidente de la comisión de Economía y Producción de la Legislatura.
Legisladores del bloque Justicialista de Todos, afín a la Casa de Gobierno, elevaron un proyecto de ley que apunta a declarar la emergencia económica en Tucumán para las micro, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y para monotributistas hasta junio, inclusive, por la pandemia de coronavirus.
El texto, firmado por Osvaldo Morelli -presidente de la comisión de Economía y Producción-, por Mariela Reyes Elías -vicepresidenta de ese equipo de trabajo- y por Eduardo Cobos -también miembro del comité-, está enmarcado en las normativas que dispusieron la emergencia sanitaria por el covid-19, y que conllevaron, entre otras medidas, al aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, incluyendo esta provincia.
En ese sentido, los oficialistas propusieron un esquema para declarar un estado excepcional que beneficie a pymes y monotributistas.
¿Cuáles son las ideas fundamentales?
El proyecto establece como “beneficiarios” de la emergencia económica a “todas las personas humanas y jurídicas que realizan actividades y/o prestan servicios no declarados esenciales en la emergencia sanitaria, y cuyo personal no fue exceptuado del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio conforme las prescripciones del decreto 297/20”. El texto aclara que las destinatarias previstas serán aquellas “que revistan el carácter de micro, pequeñas o medianas empresas en el marco del artículo 1º de la ley nacional 25.300 y sus modificatorias, y la resolución 563/2019, o la que en el futuro la reemplace, de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del entonces Ministerio de Producción y Trabajo”.
En el caso de los monotributistas, “serán beneficiarios desde que obtengan el Certificado MiPyME que otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación”, indica el proyecto.
La iniciativa contempla aspectos tributarios provinciales, ya que “difiere” -es decir, no exime del compromiso- para los sujetos alcanzados por la eventual declaración de emergencia “la obligación del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los períodos de abril, mayo y junio de 2020”. “Dichos pagos se realizarán en seis cuotas iguales y sin intereses en el período comprendido entre los meses de octubre del año 2020 y marzo del año 2021”, agrega el texto de los oficialistas.
Otro ítem que implica la recaudación provincial es el que propone la “suspensión para los beneficiarios de la presente ley hasta el 30 de junio de 2020 (de) la aplicación de los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. Además, difiere “hasta junio de 2020, inclusive, la obligación del pago del Impuesto de Sellos por un plazo de 90 días”.
Para acceder a todo ello, el proyecto de ley también dispone obligaciones que deberán llevar a cabo desde el sector privado. Sobre todo, en lo referido a los puestos de trabajo.
“Los beneficiarios de la presente ley deberán mantener estable su planta de personal en relación de dependencia con respecto al tamaño que esta poseía en febrero de 2020. En caso de haber experimentado una disminución de personal, esta disminución no podrá ser mayor a la disminución que puede deberse a la estacionalidad típica de la actividad económica en la cual se encuadra. Para determinar esa estacionalidad se tomará en cuenta la disminución relativa del personal entre los mismos meses del año 2019. En caso de reducción de la planta de personal fuera de los parámetros permitidos en el presente artículo, se anularán todos los beneficios que hubieren sido otorgados”, expresa la iniciativa del oficialismo.
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