21 Mayo 2020
VÍCTIMA. Medina fue asesinado después de denunciar la venta de droga.
El juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot, no sólo está vinculado a las supuestas irregularidades ligadas al desempeño de su cargo. Su nombre aparece mencionado en varias causas vinculadas a la venta de drogas en el penal de Villa Urquiza. La Acordada 286/20 donde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán pide su suspensión y destitución no toma en cuenta esas denuncias, ni el proceso iniciado en su contra por el homicidio de un preso.
En agosto de 2017, el reo Fernando Sebastián Medina denunció en la Justicia Federal que los guardiacárceles lo obligaban a él y a otro preso a vender los estupefacientes que les entregaban con la amenaza de que, si no lo hacían, recibirían castigos físicos o informes negativos. Por pedido de los investigadores, semanas después, Guyot aceptó que ambos fueran trasladados a la Seccional 7°.
Medina y su compañero permanecieron en la dependencia policial hasta que el domingo 19 de noviembre fueron llevados nuevamente al penal sin autorización. Medina, que había sufrido un castigo físico en el trayecto, comunicó al Juzgado de Ejecución lo que estaba sucediendo. Como no recibía respuesta, le pidió a un familiar que le entregara una carta al magistrado Guyot donde decía que temía por su vida. Tampoco fue escuchado. El 22 de noviembre, otro interno lo asesinó de una puñalada en el patio del penal.
Paréntesis
La fiscala Adriana Giannoni, además de imputar a varios funcionarios del Servicio Penitenciario por el hecho, pidió la investigación jurisdiccional del juez, planteo que fue rechazado por la magistrada Carolina Ballesteros. La fiscala apeló la resolución, pero, hasta el momento la Cámara de Apelaciones no resolvió la cuestión, pese a que tiene el expediente desde hace más de un año.
Giannoni dictaminó que el juez había incurrido en omisiones e incumplimientos que perjudicaron la correcta administración de justicia. Agregó que no importaba que Guyot haya tenido conciencia o no de que Medina podía morir, sino que no reaccionó como debía cuando fue notificado de que el reo había sido restituido a Villa Urquiza, en transgresión de la orden de alojamiento en una comisaría que él mismo había librado.
Más denuncias
Al poco tiempo, varios presos denunciaron que los guardiacárceles los atormentaban por negarse a vender la droga que les proporcionaban. Ante la gravedad del caso, el juez federal Daniel Bejas pidió a las autoridades del Servicio Penitenciario y a Guyot que extremaran las medidas de protección. Pero nada de eso sucedió.
A continuación, el camarista penal Pedro Roldán Vázquez se presentó en el penal y constató que uno de los denunciantes acababa de recibir una golpiza feroz por parte de los guardias. Ordenó el traslado de uno de ellos y denunció el hecho en la Corte. Guyot, varios días después, hizo lo mismo. A partir de ese momento, los reos, mediante su defensor Gustavo Morales, describieron cómo era el sistema de tráfico de drogas en Villa Urquiza. En sus declaraciones, según confiaron fuentes judiciales, habrían manifestado que el magistrado estaba al tanto de todo.
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