El intendente tafinisto no tuvo su sesión y volvió el bloqueo al Concejo Deliberante

Es cada vez más retorcida la calle que separa a las fracciones justicialistas que gobiernan Tafí del Valle, primera ciudad turística de la provincia. El último episodio de esta serie de desencuentros volvió a dejar al Concejo Deliberante en la parálisis que lo domina desde el cambio de autoridades de octubre. Ese fue el saldo de una semana donde iba a haber dos sesiones convocadas por funcionarios pertenecientes a órganos municipales distintos: el intendente Francisco Caliva y la presidenta del cuerpo legislativo, Sonia Saavedra. Ninguna de las dos ocurrió por el mismo motivo: la falta de quorum. El martes no asistieron al recinto los concejales opositores a la Intendencia y el miércoles no lo hicieron los oficialistas. Y aunque la crisis ha traspasado los límites conocidos, el jefe municipal Caliva rechazó el diagnóstico del caos.

Así como un día el jefe municipal no pudo leer el discurso de gestión que había preparado y se vio obligado a divulgarlo por las redes sociales -se informa por separado-, al día siguiente la oposición que domina el Concejo -porque la presidenta desempata- se quedó sin la posibilidad de imponer esa mayoría. Pareciera que, al mismo tiempo y en medio de acusaciones recíprocas, por igual ganaron y se quedaron con las manos vacías, pero los acontecimientos acrecentaron en general la zozobra y la ya de por sí abultada incertidumbre.

Todo se desbarrancó cuando parecía que el Concejo había encontrado la fórmula de enderezarse después de haber quedado en el aire por el fracaso de la apertura del ciclo ordinario de sesiones que la Ley 5.229 fija para el 1 de marzo. Ese día los opositores Saavedra, Jéssica Yapura Astorga y Juan Carlos Rivadeneira esperaron en vano a Caliva y a sus aliados, los ediles Omar Monasterio, Omar Vedia y Miguel Cruz. Los primeros dijeron que habían sido dejados plantados y hasta formularon denuncias penales: los segundos alegaron que no habían sido invitados de manera formal y que no estaban obligados a observar la fecha legal. Como la norma no ofrece alternativas, intercambiaron reproches y notas hasta que la Legislatura les advirtió que, si no resolvían sus diferencias, iba a intervenir la Municipalidad. Los concejales a continuación sesionaron con la modalidad especial dos veces para sancionar ordenanzas relativas a la pandemia, y el 12 de mayo declararon por unanimidad superado el escollo del 1 de marzo y que, a partir de entonces, comenzaba el período ordinario.

“Facción”

Fundada en la autonomía municipal, la solución prescindía de la participación de Caliva, funcionario que, según la ley, es quien debe hablar en la inauguración, pero, como sus aliados Monasterio, Vedia y Cruz habían votado a favor, la salida lucía avalada por el intendente. Mas a continuación Caliva dijo por carta documento a los opositores que él debía regularizar el Concejo y los intimó a asistir a la sesión del martes. Saavedra, Yapura Astorga y Rivadeneira optaron por desconocer la convocatoria, pero los ediles oficialistas sí se presentaron a acompañar al intendente. El miércoles, Monasterio, Vedia y Cruz frustraron la que iba a ser la primera sesión ordinaria llamada para fijar días y horarios de reunión, como había pedido el primer concejal el 12 de mayo, y tratar la situación del asesoramiento jurídico del Concejo. En una nota, los oficialistas alegaron que ambos temas debían pasar por las comisiones. Frente a esta encrucijada, Saavedra optó por renovar el llamado a sesión para el miércoles al sólo fin de aprobar el acta del 12 de mayo y de resolver la cuestión organizativa.

“Pero realmente no sabemos qué va a pasar porque en Tafí puede suceder cualquier cosa: hasta la abolición de la república, de la representación y de la democracia. Yo creía que existía la división de poderes, pero no: desde el martes hay una monarquía aquí”, opinó la vicepresidenta Yapura Astorga, que es hija del legislador oficialista y ex intendente Jorge Yapura Astorga. Y añadió: “Caliva tomó en forma ilegítima el Concejo con el acompañamiento de los tres ediles que habían resuelto superar el conflicto del 1 de marzo a partir del principio de la autonomía municipal. Creo que al intendente le molesta que no sea posible volver atrás y, por eso, tomó nuestro recinto como lo hizo para forzar la supuesta sesión que él no tiene facultades para convocar”. Yapura Astorga dijo que Caliva había dado órdenes al secretario del cuerpo y, luego, salido a atacar a la oposición en la radio municipal, FM Calchaquí: “nosotros fuimos dejados como los malos y no pudimos hacer una réplica. Nos tienen censurados. Pero quiero decir que, si aceptamos lo que hizo el intendente, entonces en cualquier momento un gobernador puede avasallar la Legislatura y el Presidente, interferir en el funcionamiento del Congreso de la Nación”.

El mismo 26 de mayo, el intendente emitió un comunicado en el que dijo que “los actores” tuvieron interpretaciones incorrectas y que de ahí deviene “un aparente caos, que no era tal”. “En principio, las instituciones y la institucionalidad tienen una guía, que es la ley, pero a esta hay que interpretarla y aplicarla. Muchas veces, cuando hay omisiones o zonas grises, o más, cuando se tiene una visión política interesada, se pueden producir conflictos”, manifestó. Y agregó: “el ciudadano no se debe sorprender porque este es el libre juego de la democracia y de las instituciones, donde muchas veces los jueces deben intervenir para poner luz”. Tras citar los artículos de la Ley 5.229 referidos a la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el intendente expresó: “más allá de las intenciones de la facción política opositora, que sólo busca trabar el Gobierno municipal, quiero transmitir que es imperativo hacer prevalecer la institucionalidad”. El texto emitido por el jefe de la Intendencia denunció la pretensión de abortar “mediante supuestos remedios legales” el sistema de gobierno representativo, republicano y federal, y reiteró su compromiso “hasta las últimas consecuencias” con la voluntad popular.

“La honestidad será mi principal valor”, dijo Caliva en el mensaje que había preparado para el concejo y que al final no pudo dar

Francisco Caliva (PJ), intendente de Tafí del Valle, se presentó el martes en el recinto del Concejo Deliberante decidido a dar el discurso del 1 de marzo que prevé la Ley 5.229, pero la oposición no acudió y, al final, tuvo que contentarse con distribuir el texto por las redes sociales. El mensaje defiende la “jerarquización” de la estructura de la Intendencia y la incorporación de direcciones a las secretarías plasmada en el proyecto de presupuesto para 2020 rechazado en la sesión del 12 de mayo. Además, cuestiona la herencia que dejó el legislador oficialista y ex intendente Jorge Yapura Astorga. “Estamos logrando de a poco revertir una nefasta etapa marcada por la incertidumbre y el desorden, con una evidente falta hasta de muebles esenciales. Esto da a entender que en la gestión anterior se trabajaba en condiciones vergonzosas”, dijo. Y añadió que, al iniciar nuestra gestión, “las cuentas no cerraban”. Caliva, además, se comprometió a gobernar en forma transparente y abierta: “la honestidad en el manejo de la cosa pública será nuestro principal valor”. El intendente prometió que iba a mandar su declaración jurada al Concejo Deliberante y a exigir lo mismo a sus funcionarios. “Invito a los concejales a tomar idéntica actitud”, propuso. Y dijo que, si bien no se sentía enemigo de los opositores, veía con tristeza que buscaban “ensuciarlo personalmente” por medio de la Justicia. “Estos melancólicos del poder no me quieren dejar gobernar y no me permiten avanzar, pero no les tengo miedo”, desafió.

Antecedentes del conflicto

1- El Concejo Deliberante tafinisto estuvo parado entre noviembre y marzo por las disputas entre los justicialistas afines y opositores a Caliva.

2- Los roces empezaron cuando la edila Yapura Astorga sostuvo que el intendente no podía asumir porque tiene una condena penal firme.

3- La tensión se desató a partir de la difusión de un audio que atribuye a Caliva el supuesto intento de soborno del opositor Rivadeneira.

4- El 1 de marzo no hubo inauguración del período ordinario de sesiones como establece la ley. Sólo la oposición acudió al recinto.

5- Luego, la Corte confirmó la elevación a juicio de un caso de supuesta corrupción que involucra a la presidenta Saavedra.

6- El 12 de mayo, los ediles por unanimidad declararon abiertas las sesiones abiertas sin la participación del intendente.