03 Junio 2020
RECLAMO. La manifestación comenzó frente a la Legislatura y luego prosiguió en las puertas de Casa de Gobierno.
Los motores de distintas cilindradas rugieron ayer frente a la Legislatura y a la Casa de Gobierno. La agrupación Moteros de Tucumán había convocado a una manifestación para plantear su rechazo a la ley antimotoarrebato que ya fue aprobada por el poder Legislativo y cuando resta sólo su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. (Se informa por separado)
“Vinimos con la intención de que el fiscal de Estado nos reciba y podamos concretar una audiencia para discutir sobre esa ley que se aprobó en la Legislatura, la cual está en contra de los motociclistas y no de los motochorros, como algunos legisladores dicen”, señaló Jorge Díaz, uno de los motoqueros que cruzó la parte céntrica de calle 25 de Mayo en reclamo a nueva ley.
“Los que usan la moto para delinquir en Tucumán no son más de 200 personas; pero hay más de 400.000 motociclistas en toda la provincia; entonces nos perjudican a todos. Soy agente de tránsito y uso mi moto para trabajar; por eso argumento que con esto se les está cayendo encima a los trabajadores”, explicó Díaz.
La marcha estaba pactada para realizarse en Muñecas al 900, frente al edificio de la Legislatura, sin embargo el reclamo terminó mudándose a San Martín y 25 de Mayo. “Según nos explicó el presidente de bloque, Roque Álvarez, ayer se terminó de pasar en limpio la ley y ya se la envió a Casa de Gobierno para que sea tratada por el fiscal de Estado y por el gobernador. Vinimos a hablar con ellos porque nos están discriminando y tratándonos de delincuentes. No podemos llevar en moto a nuestros hijos, a nuestro hermano, ni a un amigo, si no contamos con un permiso que nos daría la Policía. Y ni hablar de que tenemos efectivos a los que no les podemos dar más autoridad. Cito dos ejemplos recientes: el de Monteagudo y el de Barrio Oeste”, manifestó Díaz, aludiendo al crimen de Luis Espinoza y al pase a disponibilidad de dos agentes del 911 que son investigados por la fuga de dos aprehendidos en Barrio Oeste II.
“Pongan los controles que consideren en toda la provincia; eso no es problema para los que nos manejamos con todo en regla. Pero la ley no prevé que la primera víctima es el motociclista honesto que usa la moto para trabajar, para hacer trámites, para ir a la facultad o llevar a los chicos a la escuela”, detalló.
Santiago Ríos fue otro motociclista que dio detalles sobre el planteo. “No estamos en contra de que monten controles. Al contrario, que pongan más si quieren. Pero el problema es que la Policía agarra a un motochorro y a la media hora lo tienen que largar porque la Justicia lo ordena. Tampoco nos parece viable que tengamos que sacar un permiso para cada persona a la que queramos llevar en nuestras motos. Creo que esta ley es anticonstitucional y que no respeta nuestro derecho a la libre circulación en todo el país”, dijo.
“No logramos un diálogo en la Legislatura, por eso queremos que nos escuchen en Casa de Gobierno, porque sólo están perjudicando a la gente común y trabajadora. Por ejemplo: al laburante que le falta un espejo en una motito le van a secuestrar el vehículo en lugar de hacerle una multa. Otra cosa sería que te incauten por andar en una moto sin papeles”, argumentó Ríos.
“En ciertos aspectos la ley es inviable, porque nos están coartando la libertad de circulación. Si una pareja viene de otra provincia no va a conocer sobre esta ley. Otro problema es lo del GPS, nadie me puede obligar a mí a andar con un rastreador si quiero comprar un vehículo nuevo. Distinto sería que yo quiera contar con un GPS para poder rastrear mi moto”, planteó Ríos.
Finalmente, Gerónimo Serrano indicó: “somos todos presuntos delincuentes ahora, cuando en realidad la Policía sabe quiénes son los verdaderos motochorros. Parte de nuestro reclamo es que, eventualmente, cuando sufrís la desgracia de que te roben una moto, tenés que ir a pagarle a la Policía para que te la recupere. Ellos saben dónde encontrarlas. Claramente el mapa de la delincuencia para la gente de Seguridad está claro; entonces no queremos más leyes. Mejor que cumplan con las existentes”, cerró.
Los motociclistas esperan tener una respuesta del Gobierno hasta el jueves, ya que ayer en Casa de Gobierno se debatía sobre la Ley Micaela. (Producción periodística Santiago Re)
Novedades
Manzur aún no promulgó la polémica norma
La Legislatura remitió ayer el texto de la ley antimotochorros que se sancionó hace una semana. El gobernador Juan Manzur había anunciado que la promulgaría rápidamente y ya la Policía está realizando ensayos de lo que serán los operativos que se montarán en el futuro.
Mientras se resuelven las cuestiones legales, el Ministerio Público Fiscal continúa realizando modificaciones para actuar cuando la norma esté vigente.
En los próximos días se anunciará oficialmente la creación de una fiscalía especializada en arrebatos. Será dirigida por Carlos Picón, el que estuvo al frente de la oficina que se dedicó a hacer cumplir la cuarentena preventiva obligatoria.
En principio, Picón se encargará de investigar todos los delitos que cometan motochorros y los que se registren en los operativos que desarrollará la Policía con el MPF. Entre otros, los arrebatos, portación ilegal de armas, circulación de personas en motos con pedido de secuestro por robo, atentado y resistencia contra la autoridad y las denuncias por abuso del personal que desarrollen los controles, ya que se habilitará un número telefónico para recibir este tipo de casos.
En una segunda fase, la oficina de Picón se podría encargar de la persecución de organizaciones que se encargan de alimentar el mercado negro de motos.
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