Las causas profundas de la crisis del transporte público

Tucumán ha sufrido nuevamente, hace pocos días, un paro de varias jornadas en el transporte público de pasajeros. La cronicidad de esta situación demanda lecturas en dos niveles diferentes. Desde un punto de vista estructural, queda expuesta una de las muchas consecuencias del déficit de federalismo. En total, hubo 15 distritos argentinos que sufrieron la huelga. No hubo medida de fuerza, sin embargo, ni en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni en el área metropolitana (AMBA), porque el 83% de los subsidios estatales para colectivos se queda allí. Sólo el 17% restante se reparte entre el resto de las provincias. Esta desigualdad ha sido reconocida por el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni. La ausencia de federalismo lesiona la garantía de igualdad de todos los argentinos y afecta su calidad de vida, según la provincia donde vivan; a la vez que lesiona sus posibilidades de desarrollo.

La segunda lectura, coyuntural, alude a que la crisis tucumana del transporte de pasajeros no es un emergente de la pandemia, como sí lo son los colapsos de otras actividades. La interrupción del transporte público de pasajeros ha devenido preocupante regularidad, con picos alarmantes como los 17 días de paro en mayo. Pero, en sí mismas, las falencias de este sistema arrastran al menos dos décadas. Son 20 años durante los cuales, con excepción de escasísimas líneas, los tucumanos sólo ven incrementos de tarifas sin mejoras de prestaciones, cuando no un empeoramiento progresivo. Y este es el caso de quieres residen en el Gran San Miguel de Tucumán: más allá del conglomerado urbano, los comprovincianos, directamente, no cuentan con el servicio y han tenido que resignarse al empleo de autos rurales compartidos, que no son otra cosa más que los sempiternos “taxis piratas” legalizados por el pago de un canon al Estado, lo cual no conjura las precariedades con que salen a la ruta.

En este punto, al sector privado le cabe una enorme responsabilidad en la crisis, que no debe quedar solapada en el hecho de que la cuarentena por la covid-19 afecte la actividad en todo el país. También el Estado es corresponsable de esta situación, y debe intervenir: la provincia necesita un nuevo sistema de transporte de pasajeros. Hoy parece contar, a lo sumo, con un conjunto de concesionarias. Consecuentemente, hay una tarjeta para pagar el viaje urbano y otra para el interurbano. Hay pueblos del interior que no tienen servicio los domingos ni los feriados. Y los subsidios no son para el usuario, sino para la empresa, de modo que hay una multiplicación de pagos al sector, entre los aportes nacionales y los provinciales, y el pago de boletos estudiantiles por parte de la Legislatura y de la Municipalidad de la capital.

Lo curioso es que, a estas alturas, el sector privado clama por la “intervención del Estado” sólo como sinónimo de que aparezca dinero estatal. Tanto es así que este mes, nuevamente, el aporte de recursos del Gobierno destrabó la huelga en Tucumán. Sin embargo, los usuarios necesitan la intervención estatal, pero en nombre del principio de subsidiaridad. En virtud de él, cuando el sector privado brinda un servicio adecuadamente, el Estado no interviene. Pero también viceversa. Justamente, el ciudadano es el punto en el que las dos lecturas convergen: entre la inequidad por el federalismo deficitario y la falta de un nuevo sistema provincial de transporte, son los tucumanos los que se quedan de a pie. Hay que darles soluciones de fondo.