A la buena de Dios, a la mala del Estado

Tiene unos cinco o seis años y vende bolsitas de residuos por los bares de Yerba Buena. Es simpático y discretamente insistente. No se frustra. Sale del bar y vuelve, la gente le conversa un poco y termina vendiendo su bolsita. Después se sienta en el piso del bar y acomoda los billetes arrugados. Se levanta y sigue ofreciendo bolsitas. La mañana va a ser fructífera. Tiene esa edad que conmueve y genera ese breve cargo de conciencia que mueve a ayudar a la niñez desvalida sin pensar demasiado qué hay por detrás. ¿Quién debería hacerse cargo de eso? Ese niño es la cara del abandono y de la miseria. Da lo mismo que mendigue o que venda para alguien: está siendo explotado y todas las convenciones y leyes lo protegen. Deberían, pero no lo hacen, como no lo hicieron con Érica, niñita muerta a golpes el 3 de julio en un asentamiento en Catamarca al 1.200, cuya tragedia ha sido centro de un debate político y causa de la citación legislativa a funcionarios de Desarrollo Social.

Yedlin, en un rol como de juez

El debate político se ha centrado entre el ministro Gabriel Yedlin y el legislador opositor José Ricardo Ascárate, titular de la comisión legislativa de Familia. Yedlin advirtió que las funcionarias citadas -la secretaria de Niñez, Lorena Málaga, y la directora de Niñez, Mariana Cirelli- no se presentarían a la citación porque estaba mal hecha y reclamó que “no hay que hacer política con la muerte y la violencia”. Ascárate dice que espera que el presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, concrete la citación para la semana que viene y que en realidad la reacción de Yedlin ya tiene el antecedente de un pedido de informes enviado al comienzo de la cuarentena, cuando Desarrollo Social hizo una convocatoria a familias de tránsito para alojar a 85 niños de 0 a 5 años para que pasen el aislamiento. Ascárate explica que se pidió informes porque hubo jueces que dijeron que se había sacado a niños institucionalizados por causas judiciales sin pedir autorización de los magistrados, y se los había enviado a familias elegidas por Desarrollo Social.

Pero lo político ha de quedar necesariamente en segundo plano en función de la urgencia del caso Érica. El mismo Jaldo dijo que los funcionarios van a tener que ir a dar explicaciones. “Vamos a conversar para ver de qué manera y en qué momento se puede producir una reunión (con autoridades de Desarrollo Social)”, razonó.

Y el caso urge porque la niña fue asesinada mientras estaban encendidas todas las luces de alarma y sonaban todas las sirenas que advertían del maltrato y del abandono infantil.

Un desastre de malas praxis

Hija de una madre adicta, había estado con sus hermanas en la Sala Cuna, fue entregada al abuelo sin que se revisara que este tenía denuncias por violencia de género y que la abuelastra había sido denunciada por maltrato. No se habría hecho caso a la advertencia del juez Víctor Raúl Carlos que había recibido informes de que la niña era enviada a mendigar. Pero tampoco el juez habría actuado frente a un informe lapidario de la Dinayf. Una fiscalía de Violencia de Género no habría actuado frente a la denuncia de maltrato que hizo la gente del comedor al que iba la niña y la misma Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf) no habría actuado frente a las denuncias de los vecinos de Érica. Un desastre de malas praxis a lo largo de dos años, que terminó en asesinato. En Desarrollo Social se está haciendo un sumario y la fiscala de Homicidios, Adriana Giannoni, está investigando al abuelo y a la abuelastra y también a los funcionarios de Desarrollo Social.

Artículos sin reglamentar

La investigación, por cierto, está ralentizada ahora porque los recursos judiciales se enfocaron en el caso del cura Oscar Juárez.

Pero lo que revela toda esta trama es la falta de cumplimiento de nuestra sociedad de la Convención de Derechos del Niño y de la Ley nacional de Protección Integral de Derechos, 26.061, replicada (parcialmente) en la Ley provincial 8.293. Sucede que esta ley, sancionada en 2010, fue puesta en vigencia en 2015 con un decreto que dejaba sin reglamentar varios artículos, por lo que su aplicación ha quedado sintetizada en lo que pueda hacer la Dinayf, sin que se haya creado el consejo que debe supervisar las políticas ni que los municipios hayan montado oficinas específicas para atender a los niños en riesgo. Cuenta la abogada Roxana Contreras (quien fue candidata de Tucumán a defensora nacional del Niño) que en realidad hay escasa capacitación de organismos que deberían estar muy aceitados en esto, como la Policía. “Muy a menudo llaman policías a mi fundación para preguntar qué deben hacer ante denuncias por maltrato o abuso a niños, porque dicen que en Tribunales o en la Dinayf no les responden”, relata. Y explica que en Yerba Buena hay un área social, pero no un encargado de Niñez. Lo cual explica que haya niños vendiendo bolsitas en los bares sin que nadie se preocupe, pese a que la Ley 8.293 especifica que debería haber responsables en la Municipalidad.

Claro, la ley también dice (Art. 26) que “el Ministerio de Trabajo” debe fiscalizar que se cumpla la prohibición de trabajo infantil. Una ley tucumana alude a un ministerio que no existe en la provincia. ¿Cómo va a fiscalizar eso Trabajo?

Defensor controvertido

Además la norma no contempla la figura del defensor del Niño que controle las políticas públicas de la infancia, que sí existe en la ley nacional. La provincia tiene su propia figura, creada en el marco del Ministerio pupilar de Defensa, a cargo de Washington Navarro Dávila. Esta figura fue objetada en su momento por la jueza de familia Mariana Rey Galindo, que consideró que la forma de ese abogado del niño era inconstitucional, aunque luego la Corte desestimó el planteo de la magistrada. O sea: hay una figura en Tucumán, pero el tema no está claro. Menos, su funcionamiento.

Ascárate va más allá: dice que la ley no tiene aceitado el protocolo (que existe) porque no se especifica quién lo debe hacer cumplir y en qué tiempo. Las explicaciones a esto –que es fundamental- deberían ser expuestas por las funcionarias ante Desarrollo Social, ante la fiscala Giannoni y ante la Legislatura, si van a la Cámara.

La abogada Contreras explica que hay otros problemas por detrás, que rara vez salen a luz. Uno es el desfinanciamiento del área –“hace dos años le redujeron el presupuesto para combustible al vehículo que salía a ver a los chidos en situación de calle”, explica-. Otro son las desinteligencias –descoordinación, falta de comunicación- entre los equipos de la Dinayf y los de los Juzgados de Familia. También está el hecho de que –al parecer- en muchos casos se trabaja a ciegas, con denuncias sobre casos específicos pero sin una mirada amplia sobre el problema. Hace tres años se estimaba que había unos 325 chicos en situación de calle en la capital. Hubo una especie de Observatorio de Niñez (ONAT) gestionado por Unicef que hizo algunos trabajos con la Secretaría de Planeamiento –informar cuántos chicos de 0 a 4 años hay en la provincia (150.444)y estimar condiciones socioceconómicas y educativas, y publicar que hay 14 centros de desarrollo infantil (CDI) en la provincia. Pero las estadísticas duras, si las hay, están en la Dinayf. Ascárate opina que no hay cifras y que debe haber entre 300 y 500 niños. En la capital. Según Contreras, la situación es más inquietante porque en el interior hay escasos datos y apenas hay visibilización en Capital, Concepción y Yerba Buena.

El niño de las bolsitas de Yerba Buena circula -entre juego y ocupación- cada mañana, gestionando su supervivencia. Como otros chicos (no se sabe cuántos), anda a vista de todo el mundo pero solo, a la buena de Dios.