Reclaman la lista de empleados legislativos

El constitucionalista Luis Iriarte ha ido a la Justicia para pedir que se dé a conocer cuántos y quienes son los empleados políticos de la Legislatura. En pos de ese objetivo, el abogado acudió a los estrados por partida doble.

Por un lado, el letrado promovió un amparo ante la Corte Suprema provincial. “Peticiono que el alto tribunal, en su sentencia, ordene al vicegobernador Osvaldo Jaldo a publicar en la web de la Legislatura, con carácter permanente y actualizada hasta junio, la nómina completa de los empleados permanentes o transitorios de cada bloque legislativo y de cada legislador, especificando sus documentos de identidad y monto mensual percibido, desde 2015”, solicita el recurso.

El 16 de enero, Iriarte (profesor asociado de la cátedra de “B” de Derecho Constitucional) presentó en la Legislatura un requerimiento de “Información pública y publicación de internet” sobre las cuentas de ese poder. Pidió detalles sobre cada Presupuesto parlamentario desde 2015; sobre la dieta de cada parlamentario; y sobre “el total de empleados permanentes, transitorios, de bloque y por legislador que se desempeñaron en la Cámara” durante el período mencionado.

El 28 de enero, la Legislatura le entregó una caja con documentación sobre los ingresos y egresos del Poder Legislativo. Iriarte manifestó entonces sus disconformidad. “No están identificados los nombres y los datos personales de los empleados”, anticipó.

El letrado insistió por carta documento con el acceso a esa información. “Respecto a su disconformidad por la falta de publicación en internet de la nómina de personal, dicha acción excede mis facultades de vicegobernador: la designación y baja de personal se hace con estricto cumplimiento del Reglamento de la Legislatura. Presidencia se limita a recibir y dar trámite a los pedidos de designación que hacen los bloques políticos (art. 41) o los legisladores (art. 42)”, respondió el titular de la Cámara.

Iriarte entiende que esa negativa viola el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual la libertad de pensamiento y de expresión es un derecho “que comprende la libertad de buscar recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Luego, invoca que también se viola el artículo 24 de la Constitución de Tucumán, según el cual “los derechos y garantías consagrados por los Pactos y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, incorporados como Ley de la Nación, son de carácter operativo”. Por eso el amparo interpuesto por Iriarte pide que se comprenda en sus alcances al Gobierno de la Provincia y al gobernador, Juan Manzur, “porque los gobernadores son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución”.

Por otro lado, el constitucionalista llevó su reclamo también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese tribunal internacional, Iriarte pidió que, además de la difusión de la información que demanda, se exija a la Legislatura una Ley de Acceso a la Información Pública.

Consultada por LA GACETA, la Legislatura respondió con un comunicado oficial, el cual reitera que es a los bloques políticos y a los legisladores a quien Iriarte debe dirigir su reclamo. “Las autoridades de la Legislatura entregaron toda la documentación sobre el manejo de las cuentas públicas. Los datos del personal, en cambio, no son cifras, sino información sobre personas privadas”, se argumentó.