La noticia de que los hijos de tres de los cinco vocales trabajan en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán reactivó un proyecto del Colegio de Abogados de la Capital para que los puestos del Estado dejen de ser manejados con lógicas privadas. “El Consejo Directivo de nuestra entidad decidió fijar una posición en sintonía con la iniciativa de ley de ética pública que hemos presentado en su momento. No queremos referenciar sólo a los hijos de los vocales porque el ingreso por concurso tiene que existir para el conjunto de los cargos estatales. Necesitamos desterrar el nepotismo en todos los niveles y no sólo en la Justicia”, opinó el presidente Marcelo Billone. El dirigente profesional agregó que iban a dirigirse a la Corte para que se comprometiera a abandonar los nombramientos discrecionales. “Los concursos de ingreso tienen que ser aplicados a los ámbitos que todavía se resisten a ellos, como la Justicia de Paz. Los relatores de la Corte también deben concursar”, dijo.
El Consejo Directivo del Colegio discutió las designaciones de los hijos de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Estofán y Daniel Posse en la sesión de ayer, y a instancias del vicepresidente Carlos Casal. “El nepotismo hiere la autoridad de los jueces”, había dicho Casal a título personal. Los consejeros reivindicaron la necesidad de garantizar la idoneidad y la igualdad de oportunidades mediante métodos objetivos de selección de personal, y de que las autoridades honren la ética pública, según explicó Billone.
En el presente, los concursos de acceso a los cargos son una excepción en la administración estatal. Si bien la Corte aumentó el número de convocatorias abiertas y por ello el Poder Judicial estaría entre las instituciones que más han avanzado en este aspecto -se sitúa muy lejos de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa-, los vocales aún disponen de la posibilidad de hacer nombramientos directos. Esa opción rige en la órbita de los relatores, que perciben retribuciones semejantes a los camaristas, pero carecen de la responsabilidad derivada de la firma de las decisiones. “Aunque en algunos casos se trata de colegas con laureles y méritos destacados, también se impone aventar la duda que genera la falta de un concurso y la sospecha de que a los cargos no llegan los más capaces, sino los que tienen mejores conexiones”, reflexionó Billone.
No toda la descendencia de los jueces supremos fue nombrada al mismo tiempo ni llegó a los Tribunales de igual manera. El ingeniero Juan Pablo Estofán, hijo del vocal decano, primero se sumó a la Junta Electoral Provincial y, luego, pasó a la Dirección de Sistemas que depende del alto tribunal. Facundo Posse ingresó como secretario privado de su padre cuando aquel accedió a la presidencia de la Corte en 2017. En septiembre del año pasado, la abogada litigante María Marta Estofán empezó a trabajar como relatora de su padre. El 22 de julio, la funcionaria Lucila Bercovich, hija de la presidenta Sbdar, se incorporó al cuerpo de relatores de Posse. Hasta entonces, Bercovich prestaba funciones en la Sala I de la Cámara Penal con el rango de secretaria “A”: originariamente, había entrado al Poder Judicial para trabajar en la Defensa Oficial mediante un concurso público de oposición y antecedentes. Si bien los vocales Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos están exentos de designaciones discrecionales de hijos en la esfera del máximo estrado provincial, con sus votos contribuyeron a la incorporación de algunos de los de sus pares.