Los legisladores oirán a al menos 10 objetores del ascenso del juez Maggio

La designación del juez Facundo Maggio como miembro del Tribunal de Impugnación de la capital enfrentará este jueves una prueba áspera debido a que al menos 10 ciudadanos y representantes de organizaciones de la sociedad civil expondrán sus reparos a este ascenso en la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura. Maggio es cuestionado por colectivos de derechos humanos, víctimas de delitos, profesionales y particulares. En virtud de estas críticas, los legisladores opositores Federico Masso (Libres del Sur) y José María Canelada (UCR) pidieron a su par oficialista y titular del comité, Sandra Mendoza, que solicite informes adicionales a una serie de entidades y funcionarios respecto del concursante elegido por el gobernador Juan Manzur. Consultado por este diario, el juez de Instrucción en lo Penal N°2 de la capital prefirió no hacer comentarios. “Es momento de ser prudente y de dejar que actúen las instituciones”, expresó.

“Escucharemos a quienes tienen observaciones, y luego trataremos el pedido de Masso y de Canelada. Sólo Maggio recibió reproches en este grupo de nombramientos”, explicó Mendoza ayer. Está previsto que la comisión entreviste mañana a los candidatos escogidos por el gobernador: el camarista penal Carlos Caramuti (Tribunal de Impugnación de la capital); Mariano Delgado (Defensoría Oficial en lo Penal N°2 de Concepción); César Gabriel Exler y Sandra González (ambos para juzgados del Trabajo de la capital), además de al propio Maggio. Todos ellos quedaron ternados tras competir en los concursos públicos de antecedentes y de oposición que organiza el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

Con el cumplimiento de los trámites previos, la comisión quedará en condiciones de dictaminar a favor o en contra del acuerdo de las designaciones. Como el oficialismo tiene una mayoría holgada, los ternados elegidos por Manzur recibieron el visto bueno de la comisión -incluido Maggio en 2018, tras un desistimiento anterior del gobernador-, con la excepción de Luis Amarillo, cuya designación como fiscal de Instrucción en lo Penal fue rechazada en 2017 en una decisión inédita desde que comenzó a funcionar el CAM, en 2009. Integran la mesa legislativa encargada de controlar los nombramientos los oficialistas Mendoza, Sergio Mansilla, Zacarías Khoder, Raúl Exequiel Ferrazano y Daniel Herrera, y los opositores Ricardo Bussi y Canelada.

Las presentaciones de las objeciones comenzarán a las 10: está previsto que cada expositor desarrolle sus argumentos contra Maggio durante un turno de alrededor de 15 minutos. En el cronograma aparecen organizaciones de derechos humanos (la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; Asociación de Ex Presos Políticos y Madres de Plaza de Mayo) que reprochan el papel del juez como defensor de acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad. A ellos se suman entidades como Andhes y el colectivo contra el Gatillo Fácil que, entre otros argumentos, reprochan la actuación del juez en casos de violencia institucional. Luego están los particulares: los abogados Oscar López y Gustavo Morales consideran que Maggio no reúne las condiciones de independencia en virtud de su desempeño en la causa de las valijas legislativas, y del ex gobernador y senador José Alperovich. También formularon quejas los ciudadanos Carlos Salomón y Roxana Teves.

Canelada y Masso, por su parte, subrayaron el parentesco de Maggio con el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez. “Con su inclusión en el Tribunal de Impugnación el Gobierno busca el cierre del esquema de impunidad que Jiménez viene pergeñando desde la gestión de Alperovich”, opinó Canelada. Masso, por su parte, dijo que el nombramiento de Maggio profundizaba la desconfianza en la Justicia.