12 Agosto 2020
FUNCIONARIO PROVINCIAL. El ministro de Economía, Eduardo Garvich. Foto Archivo
El Gobierno de Tucumán, al igual que otros diez distritos provinciales, deberá afrontar de manera inminente la primera cuota de la refinanciación de una deuda histórica con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). El vencimiento de los plazos se aproxima, y las autoridades de estas jurisdicciones apuestan por una ley que permita extender el pago de las obligaciones con la Nación. Sobre todo, en un contexto de crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus covid-19.
“Con el Gobierno nacional anterior (a cargo de Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio) se había acordado una refinanciación de esta deuda. La primera cuota vence el 24 de agosto. Ante la situación actual de crisis, este pago pondría en una situación muy complicada a las provincias”, afirmó el ministro de Economía, Eduardo Garvich.
El funcionario del gabinete de Juan Manzur agregó que ante esta situación “se venía dialogando con la administración nacional" actual para redeterminar los plazos de la deuda.
"Existe la voluntad política para hacerlo, tanto de las provincias como de la Nación. Para eso hace falta que el Congreso apruebe una ley”, advirtió Garvich.
Esta norma le permitiría a la Anses, como acreedor de las provincias, aprobar la refinanciación y así darle oxígeno a las arcas de los distintos distritos.
¿Cuáles son los montos que corresponden a Tucumán?
"(En nuestro caso), el capital de la cuota que tiene que pagar es de $ 1.400 millones, y los intereses son otros $100 millones. Es decir tendría que pagar $1.500 millones. que significan aproximadamente una cuarta parte de la planilla de sueldos de la Provincia", explicó Garvich.
En ese sentido, encendió la luz de alerta con respecto a la disponibilidad del Tesoro. "Tucumán no está en condiciones de afrontar esta obligación”, detalló el ministro de Economía.
Ante este panorama, el Ejecutivo provincial y los demás distritos en esta situación esperan que diputados y senadores avancen cuanto antes con el debate de la normativa.
“Los gobiernos afectados pertenecen a todos los colores políticos, por lo que esperamos que se llegue rápidamente a un acuerdo”, destacó Garvich.
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