Dirigentes de entidades intermedias sientan una posición

Guardaron silencio

La presidenta del ente de los jueces no quiso hablar sobre nepotismo

Las instituciones intermedias no representan completamente el sentir o el parecer de sus miembros o estamentos, pero sí brindan un termómetro interno de la agenda de sus intereses y preocupaciones. Entre ayer y el martes, LA GACETA consultó a los representantes de ocho entidades vinculadas al Poder Judicial provincial sobre el brote de nepotismo: la mitad guardó silencio, y la otra mitad se expidió en contra de este fenómeno que pone en cuestión las designaciones y los ascensos discrecionales (ver posiciones por separado de los dirigentes Marcelo Billone, Gustavo Geria Lépore, Alejandra Martínez y Omar Maldonado). Entre los que se abtuvieron de opinar se destaca por su jerarquía Marcela Ruiz, camarista civil y comercial de esta capital; presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán y vicepresidenta primera de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (foto).

“No voy a hacer comentarios, pero agradezco mucho la oportunidad”, contestó Ruiz por mensaje de texto. Su organización agrupa a un número significativo de los jueces, fiscales y defensores oficiales de la provincia. María Elisa Gallo, presidenta del Centro de Funcionarios Judiciales, explicó que había llevado la consulta al comité directivo y que allí prevaleció la postura del silencio por una cuestión de prudencia.

Igual tesitura adoptaron dos representantes gremiales. María Nélida Paz, secretaria de la Seccional Tucumán de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), llamó por teléfono para decir que estaba concentrada en la contención de la covid-19 y que ello le impedía ensayar una respuesta. Enrique Vergara Altuve, secretario de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Tucumán (AGEJ), directamente no re spondió los mensajes.

Las revelaciones de casos de nepotismo empezaron el mes pasado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y esta semana se ramificaron por el Ministerio Público de la Defensa. El detonante fue la designación de la funcionaria Lucila Bercovich, hija de la presidenta del alto tribunal, Claudia Sbdar, como relatora del vocal Daniel Posse. Firmaron este ascenso “interino” los vocales Antonio Daniel Estofán, Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos el 22 de julio pasado.

Con aquella decisión, ya son tres los vocales en funciones cuyos hijos cumplen funciones en la órbita de la Corte. Luego de asumir como presidente, en 2017, Posse incorporó al licenciado Facundo Posse como secretario privado. En septiembre de 2019, Estofán sumó a la abogada litigante María Marta Estofán como relatora. Previamente, el ingeniero y hermano mayor de esta, Juan Pablo Estofán se integró a la Dirección de Sistemas del Poder Judicial tras haber sido nombrado discrecionalmente en la Junta Electoral Provincial.

Como consecuencia de estas primeras publicaciones, se filtraron las resoluciones del Ministerio Público de la Defensa que dan cuenta que su titular, Washington Navarro Dávila, ascendió “interinamente” dos veces en menos de ocho meses a su propia hija, Magdalena Navarro Vitar, y a Anabella Patricia Maza Villalba, la hija del defensor oficial Silvio Maza Villalba (se informa por separado).

La divulgación de estos casos generó rechazo en el Colegio de Abogados de la Capital y entre algunos opositores, pero el 2 de agosto Estofán reivindicó las designaciones discrecionales de parientes siempre que estos sean “idóneos”. “Cada vocal es dueño de designar a quien quiera y el resto no puede oponerse, siempre y cuando los elegidos cumplan con el requisito de idoneidad”, dijo. Y agregó: “yo de frente he designado a mi hija porque es idónea: la ley no dice que deba ser la mejor”.

Hicieron comentarios

Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la capital
“El Colegio de Abogados de la Capital considera imprescindible el dictado perentorio de normas claras que aseguren que los nombramientos y ascensos en todo el Poder Judicial se ajusten a los méritos y a la idoneidad. Con ese fin, hemos resuelto insistir en la necesidad de promover una ley de ética pública con el acompañamiento de Feput, organización que nuclea a los colegios profesionales de la provincia. Opino que el silencio de algunos no debe interpretarse como asentimiento tácito, sino como una actitud pasiva que requiere que ciertos liderazgos lleven adelante la lucha”.

Gustavo Geria Lépore, vice a cargo del Colegio de Abogados del sur
“La postura de nuestro Colegio de Abogados del Sur, tal y como lo hemos venido sosteniendo, es que los concursos públicos son por excelencia los mecanismos más valiosos para el acceso a los cargos judiciales. Reconocemos que tanto la Corte Suprema como los ministerios públicos han concursado algunos cargos, pero entendemos que esta metodología debe extenderse a todos los puestos. En cuanto a la designación de relatores, propiciamos el establecimiento de procesos de selección que logren un equilibrio entre el acceso igualitario, la idoneidad y la confianza”.

Alejandra Martínez, sec. Adjunta de la Unión de Empleados de la just. nac.
“El nepotismo en la Justicia se convirtió en una regla. Lo más grave es que en la mayoría de los casos se trata de un nepotismo de clase ‘A’. Se ha perdido la vergüenza y con cara de piedra designan y ascienden a familiares y amigos en los cargos más codiciados de la institución, en la mayoría de los casos sin la experiencia y la trayectoria necesarias. Hay una desigualdad de oportunidades nefasta: nos debemos una reflexión profunda y demostrar a la sociedad que estamos a la altura de la crisis sanitaria”.

Omar Maldonado, sec. general, y Luis Aníbal Núñez, sec. adjunto de Judiciales Tucumanos agremiados

“No hay ninguna duda que con nuestro sindicato provincial Judicial Tucumanos Agremiados rechazamos las prácticas (nepotistas) que desde tiempos inmemoriales vienen desarrollando los tres poderes del Estado provincial y también nacional. Hacemos esta declaración, pese a que nuestra preocupación está dirigida a lograr todas las medidas necesarias para preservar y garantizar la salud y la vida de los empleados, funcionarios y jueces”.