Cayeron otros tres acusados de haber violado a una niña en Alberdi y ya son seis los detenidos

Son seis las personas detenidas por el abuso sexual que sufrió una niña de tres años en Alberdi. Los primeros tres están con prisión preventiva desde el inicio de la causa, a fines de enero, mientras que los demás fueron detenidos ahora. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal, hoy se dictó la prisión preventiva por un periodo de dos meses contra David Sebastián Cisterna y Jesús Lobo (familiares y allegados a la víctima) por ser considerados sospechosos del brutal ataque. 

El fiscal Fabián Asad, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual del Centro Judicial Concepción, realizó mediante una audiencia virtual celebrada esta mañana la formalización de la investigación y la imputación de cargos contra los nuevos acusados señalados como coautores del aberrante hecho. Con esta decisión suman cinco los imputados por los graves delitos y se espera que corra la misma suerte para una sexta persona de sexo femenino, también integrante del grupo familiar, que ya se encuentra detenida.

Fuentes judiciales confirmaron que estas nuevas medidas surgieron a raíz de la cámara gesell realizada hace unos días a la madre de la pequeña, quien padece una leve discapacidad. Durante el relato obtenido, la progenitora aseguró haber oído las suplicas de la niña ante sus abusadores. Este duro testimonio motivó a la fiscalía el pedido de detención contra estas personas.

El caso

A fines de enero de este año ingresó en el hospital de Alberdi una menor de tres años con signos de haber sido brutalmente maltratada. La habían llevado al centro asistencial Juan Carlos Bustos y Elena Saquilán, tíos de la pequeña, quienes les dijeron a los médicos que la niña se había caído de la cama y que se había accidentado mientras andaba en bicicleta. 

Por el crítico estado de salud, la derivaron al Hospital de Niños donde los profesionales advirtieron que la nena había recibido todos los niveles de maltrato. En ese momento activaron el dispositivo de maltrato infantil y luego de una serie de estudios constataron el paupérrimo estado de salud de la menor. Además, encontraron lesiones provocadas por abuso sexual. 

En ese momento tomó intervención la fiscalía que pidió la inmediata detención de los familiares que tenían la guarda legal de la criatura. Además, se procedió a la detención de otro familiar, David Bustos. Los tres permanecen desde esa fecha detenidos con prisión preventiva, imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por producir un grave daño a la salud de la víctima.

De acuerdo a la envergadura de la causa, el juez interviniente la declaró como asunto complejo a pedido del Ministerio Fiscal. Esta figura alarga los plazos de la investigación para reunir más elementos en la acusación. Desde la unidad investigativa aseguraron que por la cantidad de imputados y por tratarse de una menor que además estuvo internada por un largo periodo debido a su delicado estado de salud, es un caso complejo y difícil de resolver. Consideran que aún hacen falta pruebas para llegar al fondo de la cuestión. Entre ellas, la más importante es la cámara Gesell que se hará a la niña, aunque consideran que la pequeña no está en condiciones todavía de someterse a la prueba. En este sentido, el fiscal Asad requirió trabajar con el programa de Acceso a la Justicia para personas con discapacidad (ADAJUS), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que trabaja con profesionales para garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones.

“Hemos solicitado la intervención de ADAJUS porque tienen personal especializado en lenguaje gestual, y como la menor tiene dificultades para hablar recurrimos a este programa que trabajará en la cámara Gesell con la integrante del gabinete psicosocial de la OGA que interviene es esta causa”, manifestó Asad, al tiempo que recalcó que “lo que se está buscando es la mejor calidad en las pruebas para llegar a la verdad”.

Por otro lado el fiscal aseguró que desde su oficina se están realizando tareas investigativas para establecer si existe responsabilidad por parte de algunos organismos públicos encargados de la protección de los niños. En tal sentido, destacó que se están analizando una serie de expedientes para determinar si hubo negligencia por parte estos organismos que deberían haber intervenido.