“Hay 400 barrios ‘vulnerados’ en el Gran Tucumán”

¿Cuántas personas viven en los barrios vulnerados bajo la mira del Ministerio de Salud por el impacto que generaría ahí un brote de coronavirus? Es una pregunta que no puede responderse con precisión para la doctora Paula Boldrini, investigadora de Conicet y coordinadora del Programa Mhapa en el Instituto de Investigaciones Territoriales y Tecnológicas para la Producción del Hábitat (CONICET-UNT). Antes, explicó la científica, hay que definir a qué se considera barrio vulnerado o popular.

El Registro Nacional de Barrios Populares, aprobado por ley nacional para la urbanización de barriadas con carencias estructurales, considera “barrio popular” a los grupos donde faltan dos de tres servicios y no se tiene la tenencia del lote. Con esa consideración, según el reporte, en el Gran San Miguel de Tucumán hay 140 barrios populares donde viven al menos 25.000 familias.

“Esas cifras se encuentran muy por debajo incluso de los registros oficiales. Este desfasaje hace que el relevamiento esté sujeto a ampliaciones inminentes en todo el país y lleva a una gran cuestión: con qué criterio se define un barrio popular para incluir a la inmensa cantidad de barrios en condiciones de vulnerabilidad y que están fuera del relevamiento que marca la brújula a seguir por las políticas de consolidación e integración socio-habitacional”, planteó Boldrini

La investigadora del Conicet explicó que la definición de barrio vulnerado o popular se encuentra en discusión en el ámbito académico e institucional, pero que hay un consenso en cuatro variables: la tenencia de la tierra y el riesgo de desalojo; las condiciones ambientales (márgenes de ríos y canales, basurales, sectores fuera del negocio inmobiliario); acceso a servicios y la calidad de los mismos; y la calidad de la vivienda (solidez, terminaciones, cantidad de ambientes en relación al número de miembros familiares). “También entran en juego otros elementos, más difíciles de medir, como la consolidación urbana y la integración al resto de la ciudad: transporte público, estado de las calles. Además se considera la integración simbólica: la estigmatización de sus habitantes. El otro parámetro es la violencia en sus múltiples formas. La carencia de equipamiento comunitario, como escuelas, salud y gobiernos locales, y la calidad de los espacios verdes completan las variables de consideración de un barrio popular”, ahonda Boldrini para explicar que los datos de población son aproximaciones: “por eso es necesario que Renabap actualice bajo nuevos criterios un relevamiento abarcativo en paralelo a las obras de mejora en los barrios. Un dato seguro es que la superficie que ocupan los barrios populares alcanza alrededor del 8% de la superficie del Gran San Miguel de Tucumán, que representa tentativamente 100.000 habitantes. Y seguro se trata de más de 400 barrios populares, considerando otros reportes previos del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (2014) y del informe GEO (2007)”.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en estos vecinos?, se le consultó. “La madre de todos los problemas es la falta de trabajo. Si la falta de trabajo impide que una familia y una población puedan tener fuentes de recursos para resolver sus necesidades, el cierre de las fuentes de trabajo informales vinculados a los barrios populares, sobre todo en la primera parte de la cuarentena con la supresión de trabajo ambulante, fue clave en el impacto que padecieron estas poblaciones. Esto sigue siendo un problema frente a los cierres o bloqueos de ciertas zonas, porque debe haber una política que contemple las necesidades para las personas que no tienen recursos para sostenerse 15 días sin poder salir a trabajar en tareas cuentapropistas. Es imposible cerrar un barrio que tiene que salir a trabajar y resolver dificultades diarias”, consideró Boldrini.