La primera jueza con covid-19 confirmado pertenece al fuero civil

Se trata de la camarista María del Pilar Amenábar.

María del Pilar Amenábar, vocal de la Cámara Civil y Comercial Común de la capital, es la primera jueza provincial con diagnóstico confirmado de covid-19. En la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmaron que el estado de salud de la camarista era bueno. Amenábar no respondió los mensajes que le envió LA GACETA para conocer la evolución del cuadro y las circunstancias de su contagio, así como si estuvo en contacto con otros miembros del Poder Judicial.

Si bien en principio Amenábar estaba eximida de acudir a los Tribunales, fuentes de su estrado confirmaron que esporádicamente sí concurrió a su despacho e interactuó de manera presencial con miembros de su equipo de colaboradores. La noticia de que había dado positivo su test de coronavirus trascendió el fin de semana pasado, y produjo temor en el Palacio de Justicia puesto que la camarista trabaja en el mismo piso que la Corte y sus principales oficinas de apoyo, que, por la naturaleza del gobierno judicial, resultan puntos de confluencia de la magistratura, la abogacía y las autoridades de los demás poderes del Estado.

JURAMENTO. Amenábar, en una foto junto a Ricardo Molina (fallecido), Benjamín Moisá y Laura David, todos camaristas civiles. JURAMENTO. Amenábar, en una foto junto a Ricardo Molina (fallecido), Benjamín Moisá y Laura David, todos camaristas civiles.

La situación de avance del coronavirus en la provincia llevó ayer a los Tribunales de regreso al trabajo 100% remoto. La decisión de frenar la concurrencia a las sedes fue tomada por los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos mediante la Acordada 745. Los integrantes del alto tribunal omitieron la mención a los casos particulares de covid-19 detectados en la Justicia. A diferencia del asueto extraordinario del período marzo-mayo, en esta ocasión la Corte dispuso que los plazos procesales sigan corriendo a menos que la magistratura declare lo contrario en el caso concreto, sin perjuicio de las reglas especiales de la miniferia en curso en la Justicia penal de la capital y de Monteros con motivo de la implementación del nuevo Código Procesal prevista para el 1 de septiembre.

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