El déficit de recursos y la pandemia frenan la investigación sobre un intendente

La investigación de los supuestos delitos cometidos por el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, durante una conversación telefónica con el concejal opositor Juan Carlos Rivadeneira deberá ser completada por los jueces de Instrucción afectados al régimen de conclusión de causas del Código Procesal Penal de 1991.

Mario Velázquez, magistrado de Monteros a cargo de esta pesquisa jurisdiccional (procedimiento investigativo especial encomendado a un juez por los fueros del funcionario público involucrado), manifestó en una rendición de cuentas que este era el único proceso que le quedaba pendiente antes de pasar al sistema instaurado por la reforma legal de 2016 (se informa por separado). En la última actuación del 11 de agosto, Velázquez atribuyó la parálisis a la imposibilidad de peritar los celulares en la provincia por el déficit de recursos propios y de practicar la operación afuera como consecuencia del cierre de las fronteras para prevenir la covid-19.

Las circunstancias judiciales y epidemiológicas determinaron que la estructura que ha de resolver los conflictos heredados del digesto de 1991 no sólo ha de lidiar con la causa de Caliva: también tendrá que enjuiciar a su predecesor en la Intendencia de Tafí del Valle, el actual legislador Jorge Yapura Astorga (PJ), y a otros coimputados, entre ellos la presidenta del Concejo Deliberante, Sonia Saavedra (PJ), puesto que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán acaba de rechazar otro recurso interpuesto por estos funcionarios para impedir el juicio oral (ver por separado). Velázquez empezó y terminó esta investigación jurisdiccional de supuesto enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos hace ya un par de años.

El caso de Caliva comenzó en noviembre de 2019, luego de la viralización del audio donde, según las denuncias, este habría ofrecido a Rivadeneira ventajas de variada especie (desde dinero hasta contratos e influencias) si se pasaba al bloque de ediles que le responden (Omar Vedia, Omar Monasterio y Benjamín Cruz). El primer pedido de investigación de los hechos fue suscrito por los ciudadanos Mónica Beatriz Méndez, María de los Ángeles Centeno y Cesario Indalecio Nieva (luego Sebastián Luna, denunciante de Yapura Astorga, hizo otra presentación en el mismo sentido). El 4 de diciembre, la fiscala Mónica García de Targa requirió a Velázquez la apertura de una investigación jurisdiccional contra el jefe municipal. El 10 de febrero, Velázquez abrió la pesquisa, tal y como le había pedido García de Targa, y ordenó una serie de medidas.

A la causa del intendente luego se incorporaron una transcripción del audio ofrecido como prueba por los cuatro denunciantes y las primeras declaraciones testimoniales. Méndez, Centeno y Nieva entregaron sus celulares al Juzgado de Instrucción de Velázquez mientras que Caliva designó como defensor al abogado Enrique Luis Ramón Rodríguez. El 26 de febrero, el juez citó a declarar como testigo a Rivadeneira y solicitó a la Policía Federal Argentina el nombramiento de un colaborador técnico, en atención a que, hasta ese momento, el Ministerio Público Fiscal aún no había contestado el oficio de idéntico tenor. A comienzos de marzo, Velázquez constató que el número del que había salido la llamada grabada era usado por Caliva, según el informe que produjo Saavedra, titular del Concejo. Tomás Robert, secretario judicial del Ministerio Público Fiscal, contestó en ese momento que su institución “no contaba actualmente con personal técnico especializado” para asistir a Velázquez, y que le sugería solicitar la colaboración de personal de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal.

“El 4 de marzo prestó declaración en calidad de testigo Rivadeneira, quien manifestó que la conversación grabada en el audio efectivamente existió; que los interlocutores eran él mismo y el actual intendente, y que se trató de una llamada de línea de 40 minutos aproximadamente efectuada por Caliva a través de su número, unos días antes de que asumieran las autoridades municipales, el 28 de octubre de 2019”, relató Velázquez, quien añadió que el edil también entregó su teléfono.