Alta tensión, clonazepam y una fiesta que no fue

Las chispas saltaron por todo el Recinto en la sesión de ayer, a pesar de que 24 horas antes el gobernador Juan Manzur le había bajado la llave a la suba de tarifas del agua (25%) y la luz (7%) hasta fin de año para apagar la polémica -y las pujas internas en el bloque oficialista- por los incrementos que generaron rechazo en un contexto de pandemia.

El presidente del bloque Justicialista de Todos, Roque Tobías Álvarez, hizo hincapié en que la política “es el arte de lo posible” y resaltó la decisión del mandatario de haber frenado las subas, previo acuerdo con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. “No vamos a contribuir a la grieta entre nosotros; la sensibilidad social y el momento ameritó lo que se dio”, dijo en tono conciliador. Pero sus palabras llegaron recién en el cierre de un encendido debate de dos horas y media sobre el tema.

La Legislatura fue el cable a tierra de una veintena de parlamentarios que descargaron sus críticas de alto voltaje, especialmente contra el Poder Ejecutivo (PE) y el Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept). La oposición, incluso, de movida propuso la renuncia del titular del Ente, Santiago Yanotti, y de sus vocales Luis Morghenstein y Beatriz Bordinaro de Peluffo. Ese ida y vuelta provocaron cortocircuitos que terminaron pelando los cables de algunos parlamentarios.

El oficialista Eduardo Cobos se exaltó al plantear que en la Cámara se enteraron por la tele de la suba de tarifas; Raúl Pellegrini (PJS) levantó la voz y acusó al Ersept de “esconder cosas”; el manzurista Gerónimo Vargas Aignasse criticó a quienes “piden cabezas porque les sacaron la servilleta del cogote a los que pensaron que iban a hacer una fiesta hoy”; y el alfarista Federico Masso se preguntó si “defender a la gente que no suba la luz era hacer una fiesta”. Esa última chicana sería sólo una introducción de un cruce entre ambos que luego les haría “saltar la térmica”, pero por cuestiones sanitarias.

Botón de encendido

Los dictámenes para la suspensión de la aplicación de cualquier incremento tarifario de los servicios de EDET y de la SAT volvieron a comisión, tal como había adelantado Jaldo, que ayer comandó casi la totalidad de una sesión más conversada de lo habitual. El debate, entonces, se encendió con la adhesión al artículo 5 de la ley nacional 27.541 que mantiene los cuadros tarifarios, renegociación o revisión de tarifas de las jurisdicciones locales, que se aprobó por unanimidad. Hubo tratamiento unificado de iniciativas en ese sentido de Cobos, José María Canelada (UCR) y Walter Berarducci (PJS).

El clima de tensión se fue instalando a medida que las descargas se fueron centrando contra el Ente. Pellegrini cuestionó el rol de Yanotti, y lo acusó de no proteger a los usuarios. “La función más importante de un ente regulador es la gente, para eso ha sido creado”, dijo. La bussista Nadima Pecci, a su vez, calificó al Ersept como “call center” de las empresas prestadoras de los servicios de electricidad, agua y gas. “El órgano que debe luchar por los derechos de los usuarios y velar por el servicio no cumple con su función”, se despachó. Fuerza Republicana, además, presentó un proyecto para solicitar la renuncia del directorio del Ente.

Potencia en ascenso

El vicepresidente primero de la Legislatura salió al cruce y defendió la honorabilidad del directorio, y rechazó los dichos de Pecci. “No son un call center de nadie ni defienden a ninguna empresa. Debería estudiar antes de venir a la sesión; no nos subamos al carro de la demagogia”, dijo y recalcó que los cuadros tarifarios son competencia exclusiva del PE. “Si alguien cree que con una ley frenamos una suba, sabe que estaríamos mintiendo”, agregó luego.

Masso continuó con la embestida contra el titular del organismo de control, y acusó a Yanotti de haberle faltado el respeto a la Cámara y a los usuarios, y le reprochó que no haya considerado el contexto de crisis que atraviesan los tucumanos. “No tengo nada personal; nadie cuestiona la honorabilidad, sino el accionar de un funcionario que debe defender a los usuarios”, expresó.

La situación, sin embargo, se crispó cuando el titular de Libres del Sur comenzó a hablar de la situación adversa de la sociedad y deslizó que el sistema público de salud parecía comenzar a estar desbordado. El manzurista interrumpió muy ofuscado y lo acusó de brindar datos falsos, a lo que el ex diputado lo chicaneó con que debía tomar un tranquilizante. Acto seguido, el discurso de Masso tomó un tono iracundo y cuestionó que el número de fallecidos por covid vaya en ascenso. “He defendido y voy a defender la salud tucumana, pero me aflige que hoy se están muriendo tucumanos y no haya que hablar del tema porque es perder votos; defienda a su Gobierno, pero vea la realidad”, lanzó.

Los peronistas Daniel Deiana y Tulio Caponio destacaron la posición que tenía tomada la Cámara, en contra de las subas, y ponderaron la decisión tomada por Casa de Gobierno. El legislador Ricardo Bussi, por su parte, dijo que el gobernador seguramente estaba al tanto de la decisión del Ente, y analizó que si Manzur frenó las subas fue porque la Legislatura -en su mayoría- se mostró decidida. “Ante el temor de perder por goleada, tuvo que dar marcha atrás”, dijo.

Raúl Albarracín, presidente del bloque del PJS, calificó la suba como “inoportuna, inconveniente e injusta”, y remarcó que el Ente se creó “para controlar, no para ser funcionales a las empresas”. Canelada, en tanto, celebró la postura que marcó la Cámara y pidió a los actores políticos ser responsables. “Debemos estar a la altura del contexto. Empieza a haber cierto clima de malestar con la política”, advirtió.

Por último, Vargas Aignasse, que estuvo en el centro de los cuestionamientos por ser hombre afín a Manzur, dejó ver sus sensaciones del debate. “Celebro que tengamos discusiones políticas. Siempre propongo que haya manifestaciones generales, pero tenemos que decir las cosas como son”, manifestó.

La Cámara, además, aprobó modificaciones a la ley del Ersept. Se le pide priorizar al usuario en cada decisión, y acercar a la Legislatura un informe trimestral de la situación de los servicios públicos.