15 Octubre 2020
ARCHIVO LA GACETA
"Si bien creemos que se debe mejorar el actual servicio de taxi, que está cuestionado por haber participado en hechos delictivos y por incumplimientos en algunos casos, en esta crisis económica soportar una competencia desleal puede ser el certificado de defunción de la actividad", aseveró esta mañana el legislador oficialista, Daniel Deiana, sobre un proyecto que se presentó para que se prohíba el desembarco de Uber en Tucumán.
Según el peronista, "el poder legislativo no tiene pensado aprobar ninguna ley que produzca la pérdida de fuentes de trabajos de la actividad regulada de taxis" y que "las plataformas y aplicaciones como Uber cabify no están regidas por la legislación de transporte en la Provincia".
"La posibilidad de que se instale este tipo de modalidad de transporte implica una competencia desigual al no realizar las habilitaciones y el cumplimiento de las normas que se les exigen a todos los taxistas. La obligación de pagar las licencias por parte de los propietarios, que además deben invertir en un vehículo con requisitos específicos y otras obligaciones para realizar la actividad, conlleva un costo que las aplicaciones que dan el servicio no tienen que soportar", afirmó Diana.
Por último, dijo: "que este tipo de servicios foráneos se instalen en la provincia, sin cumplir con las normativas que se obligan a los que hoy brindan esta actividad, pone en riesgo la fuente de trabajo de 30.000 familias que directa e indirectamente viven de este tipo de transporte público".
Una "pelea" que continúa
El desembarco sin pausa de Uber en Tucumán, más específicamente en la Capital, ya genera múltiples controversias que envuelven a la Municipalidad y a las asociaciones de taxistas.
Ayer, trabajadores del sector volvieron a protestar en contra del funcionamiento local de la plataforma internacional de traslados. Sin proyectos concretos aún sobre la mesa, funcionarios de la Intendencia y del Concejo Deliberante coincidieron hace dos semanas en la necesidad de crear un marco regulatorio para la aplicación. Y, en medio de los múltiples análisis, la cuestión tributaria toma un protagonismo especial.
Justamente, uno de los principales reclamos de los taxistas es que los choferes de Uber no pagarían una serie de obligaciones que ellos sí abonan, como el canon mensual, las inspecciones y la renovación de licencias.
“Es ilegal y no es una competencia sana. Uber no paga impuestos a los gobiernos municipales, provinciales ni al nacional”, denunció ayer Antonio Rodríguez, referente de la Asociación de Trabajadores Involucrados en las Actividades Taximetreras (Atiat).
Temas
Daniel Deiana
Lo más popular
