La Pampa: lo condenaron por violencia de género y le dieron su puesto de trabajo a la víctima

Una ordenanza de Santa Rosa establece que si un agente municipal tiene sentencia firme por violencia de género, será exonerado y la mujer víctima que así lo requiera podrá hacer uso de la vacante.

ARCHIVO. 144 – Línea Nacional de Violencia de Género ARCHIVO. 144 – Línea Nacional de Violencia de Género
14 Noviembre 2020

El municipio de Santa Rosa, la capital de La Pampa, se convirtió en el primero del país en implementar políticas de reparación con perspectiva de género, con una ordenanza que permitió incorporar a una mujer en situación de violencia a la planta municipal para ocupar el lugar de trabajo de su victimario, cuando este fue condenado por agredirla y terminó siendo exonerado.

Así, Valeria Juárez se convirtió en la primera mujer en el país en ocupar el puesto de trabajo de su victimario, en la Municipalidad de Santa Rosa, luego de que quedara firme la sentencia por violencia de género de su ex pareja, Héctor Fabián Mendoza de 41 años, y que por ello fuera exonerado.

La decisión se enmarca en la Ordenanza 6305, sancionada el 27 de enero de este año por el Concejo Deliberante de Santa Rosa "y responde a una decisión política asumida por el intendente, Luciano di Nápoli, quien nos propuso una gestión con políticas de género transversales a todo el municipio", declaró a Télam la directora de Políticas de Género y Diversidad, Gabriela Bonavitta.

"Estábamos ante una situación, la de las mujeres víctimas de violencia de género, que demandaba resolución y, en ese contexto, se avanzó disponiendo que el agente municipal que reciba una sentencia firme por violencia de género será exonerado y la mujer víctima de violencia que así lo requiera podrá hacer uso de la vacante en el municipio", explicó.

Al respecto, Bonavitta opinó que "es una política con perspectiva de reparación, sobre todo por la posibilidad concreta de acceder a un empleo estable, partiendo de que estadísticamente las mujeres y disidencias sexuales somos las más perjudicadas en el campo laboral, no accedemos de la misma manera que los varones héteros y hay una desigualdad salarial por igual tarea".

"Muchas veces la dependencia económica suele ser un impedimento para cortar el vínculo con el agresor, porque de ahí se desprenden la necesidad de contar con una vivienda y resolver lo cotidiano; en ese sentido, un Municipio que escuche a quienes pueden denunciar las situaciones de violencia y tome este tipo de determinaciones, no solo constituye un hecho histórico y esperanzador sino que también es un mensaje concreto para los agresores: la tolerancia con la violencia de género es cero", sentenció.

"Hoy me siento feliz, consciente que valió la pena luchar acompañada por mis compañeros y compañeras de militancia y con la ayuda psicológica de las áreas de género", dijo Valeria, de 34 años y madre de tres hijos.

"Aún me cuesta creer lo que estoy viviendo. Tener trabajo y que él esté preso es un contexto inimaginable para mí, después del calvario que me hizo vivir y del que pensé que nunca iba a salir", agregó. (Télam)

Comentarios