Violencia de género: prisión preventiva por romper la perimetral

Un hombre recibió 30 días de prisión preventiva luego de que se lo acusara de romper en 40 minutos la perimetral que la Justicia le había dictado el lunes en la mañana por haber acosado a una profesional.

El caso de M., la profesional de la salud que denunció por acoso y amenazas a un paciente, es sólo uno de los múltiples casos que ocurren en nuestra provincia y que muchas veces quedan bajo el velo. En la Unidad Fiscal de Violencia de Género estiman que reciben 1.100 denuncias mensuales aproximadamente. Sin embargo, el caso de esta joven tomó relevancia mediática el lunes, dado que el acusado fue notificado alrededor de las 10 de que por orden de la jueza Mariana Rey Galindo (del Centro Judicial de Monteros) tenía prohibido acercarse a la víctima, y antes de las 11 incumplió la medida al presentarse en el consultorio de la denunciante. Otro detalle fue que dos jueces de la capital (uno de fuero penal y otra de familia) le habían negado a otorgarle la medida de protección al declarar la incompetencia judicial, lo que obligó a la denunciante a buscar desesperadamente amparo en una magistrada de otra jurisdicción.

Rey Galindo, quien es jueza de Familia, se valió de los tratados internacionales que habilitan a cualquier magistrado -sin distinción de fueros- a otorgar una medida de protección para brindarle la perimetral a la joven; luego declaró la incompetencia a seguir entendiendo en la causa.

Ayer por la tarde se desarrolló la audiencia por ese caso. La jueza Fanny Siriani ordenó el arresto, una medida que puede llegar a entenderse como excepcional para este tipo de casos. Al acusado además se le formularon los cargos provisorios de lesiones leves a la salud, agravados por tratarse de una víctima mujer, por amenazas y por desobediencia judicial.

La medida coercitiva se sustentó en los convenios internacionales a los cuales nuestro país está adherido y que prevén garantizar la seguridad de la víctima; en ese sentido, se le subrayó al acusado que había incumplido con una cautelar y que además manifestaba cierta peligrosidad de entorpecer la causa debido a que no fue localizado por las autoridades en los domicilios que constan en sus registros. Por último, también se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima que expresó su temor a continuar con normalidad su trabajo y vida diaria.

La parte acusadora pidió además una pericia psiquiátrica, argumentando que será muy importante para determinar ante qué tipo de personalidad se encuentran la víctima y la Justicia, que deberá seguir el caso. “La jueza resolvió con fundamentos y con perspectiva de género, porque el acusado demostró que una medida menor no es efectiva, también porque se trata de una persona que tiene otras denuncias en su contra. También consideramos muy importante la realización de una pericia psiquiátrica”, consideró la querellante Dolores Remis, que además adelantó que evalúan solicitar otras medidas junto a la Unidad Fiscal de Violencia de Género interviniente, la cual encabeza Augusto Zapata.