¿Quién es el dueño del pasado en el mundo digital?

Un homenaje fallido, un partido perdido y un escándalo mediático que nos hizo pensar sobre lo que hacemos en nuestras redes sociales. El puntapié ofrecido por el ex capitán de Los Pumas y sus dichos discriminatorios en su cuenta de Twitter repercutió en otras figuras del ambiente televisivo quienes no resistieron al archivo. Marley, Migue Granados y Nati Jota, entre otros mediáticos o ahora llamados “influenciadores”, fueron señalados también por publicaciones discriminatorias que hicieron hace más de cinco años.

Algunos especialistas se refieren a este fenómeno como consecuencias de la llamada “huella digital”. Un comentario, un clic, un me gusta, todas estas acciones configuran parte de nuestras marcas en distintas plataformas. No basta con tener un nombre y apellido, determinado, sexo o edad. Las plataformas necesitan saber lo que nos interesa en determinado momento, nuestros vínculos, nuestros deseos. No somos personas, somos perfiles.

Esa huella es una marca de lo que somos y lo que también fuimos, pues el carácter perenne e instantáneo de Internet, trae nuestro pasado en cuestión de pocos clics. Sin embargo, el concepto puede tener algunas imprecisiones al ser utilizada como metáfora. Una huella en el mundo analógico es víctima del tiempo, que se encarga de disolver dicho rastro y el olvido torna imprecisa la experiencia. Pero cuando nuestra acción queda en manos del registro, la historia es diferente y si el registro es público, la posibilidad de perder propiedad y derecho sobre el recuerdo, es casi innegable. Publicamos hoy y mañana tendremos tantas interpretaciones como tantas intenciones haya sobre nuestro devenir.

¿Somos dueños de nuestro pasado digital? ¿Tenemos derechos a borrarlo? ¿Qué pasa cuando otros se apropian de ello? Intimidad y honor se disputan con la libertad de expresión y acceso a la información en casos como estos. Así lo entiende el doctor en Ciencias de la Información, Martín Becerra, quien se refirió hace pocos meses al fallo inédito de la justicia argentina contra el buscador Google y la aplicación del “derecho al olvido”. En agosto de este año, la Cámara Nacional en lo Civil confirmó la sentencia del Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Ciudad de Buenos Aires e hizo lugar al pedido de Natalia Denegri para la desindexación de los enlaces que exhiban videos o imágenes de su pasado mediático. La mujer había sido involucrada en el caso de Guillermo Cóppola hace más de 20 años y reclamó al buscador la eliminación de dicho pasado en su plataforma.

Dicho fallo apeló a los antecedentes europeos que entienden que las plataformas también son responsables de los contenidos y despertó el debate entre los que entienden que cada uno es responsable de su presencia en las redes y aquellos que advierten sobre los peligros de la manipulación informativa que podría habilitar esta jurisprudencia. Además, cada caso debe ser analizado en particular y solo es plausible de aplicar en hechos en los que se afecte el honor de la víctima y no cuando hubiese contenidos de carácter informativo.

Difusa elección tendrán dichos jueces, como difusa es la lectura que pueda hacerse del fenómeno Matera y los posteriores escraches. Si bien las expresiones fueron racistas y reprochables, el efecto moralizante que provocan las redes sociales es más fuerte que cualquier análisis racional. La utilización política del caso y la grieta nos separan de cualquier debate, por más urgente que sea.