05 Diciembre 2020
EN LA CÁMARA BAJA. Sergio Massa presidirá el debate. Foto: Twitter @DiputadosAR
La Cámara de Diputados se encamina a sancionar el próximo jueves 10, en el marco de una sesión especial que se extendería hasta el viernes, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta manera, el cuerpo legislativo se prepara para protagonizar uno de los debates parlamentarios más esperados desde que asumió el presidente Alberto Fernández.
La sesión prevista para el jueves y parte de la mañana del viernes será la primera presencial desde que se declaró la pandemia por coronavirus en el país, y el protocolo que se seguirá era motivo de negociaciones entre el oficialismo y la oposición.
En ese marco, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, alcanzó anoche un acuerdo con los jefes de los bloques parlamentarios, con quienes se decidió que la sesión se realizará en forma presencial y solo se aceptará que lo hagan en forma virtual los diputados que forman parte de los grupos de riesgo ante el coronavirus.
Junto al proyecto de legalización del aborto se sancionará el proyecto que crea "el Plan de los 1.000 días", que establece un nuevo beneficio por cuidado de salud integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
El nuevo tratamiento de la iniciativa se dará a dos años del histórico debate realizado en la Cámara de Diputados cuando se aprobó con una ajustada mayoría el proyecto sobre la legalización del aborto, que luego fue rechazado en el Senado.
Fernández envió el pasado 17 de noviembre una iniciativa que, según el oficialismo, recoge los consensos del debate de 2018.
Ahora, como hace dos años, la votación se presenta también ajustada, aunque con mayor diferencia que en el 2018 cuando la iniciativa se aprobó en Diputados por 129 a 125.
En cuanto a cómo se desarrollará la sesión, si bien ya se quitaron las pantallas que había en el recinto es posible que algunas se vuelvan a colocarse para que puedan participar y votar -a través del sistema VPN- los diputados que no pueden viajar por pertenecer a los grupos de riesgo por edad o por tener alguna enfermedad preexistente.
La primera sesión presencial será el miércoles cuando se renueve el mandato de las autoridades de la Cámara que encabeza Massa.
El acuerdo ya se aplicará el miércoles a la mañana, cuando está convocado el plenario de comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto para emitir dictamen sobre el Plan de los 1000 días. Allí solo se permitirá el voto virtual a los grupos de riesgo.
Ese mismo día, por la tarde, se efectuará la reunión de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, de Acción Social y Salud Pública, y Mujeres y Diversidades para firmar el despacho sobre la legalización del aborto, que se tratará en el recinto entre el jueves y las primeras horas del viernes.
La conducción del plenario estará a cargo de la presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), y sus pares de bloques Pablo Yedlin (Salud), Carolina Gaillard (Penal), y Mónica Macha (Mujeres y Diversidad).
Los dictámenes se darán en el último tramo luego de agotar el debate que empezó a realizarse desde el jueves entre los diputados, en el que los que apoyan la legalización sostienen que es un problema de "salud pública", mientras que los detractores señalan que es contraria a la Constitución Nacional, que consagra la vida desde la concepción.
Será un anticipo del debate que se avecina en el recinto de sesiones, donde nuevamente se espera un extenso e histórico debate, durante el cual hablarán más de un centenar de legisladores como sucede en los tratamiento de leyes estratégicas.
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que "las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar" tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
Además, habilita la "objeción de conciencia" por parte de profesionales de la salud que no quieran llevar a cabo la práctica, aunque no será admitida a nivel institucional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá "el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo" si "fuere resultado de una violación", cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona. (Télam)
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